La tutela jurisdiccional civil y penal del derecho al honor

Abstract

El derecho al honor es un derecho fundamental consagrado en el marco constitucional español, cuya protección es garantizada por la propia Constitución, si bien ésta no ofrece una definición explícita del mismo. A pesar de esta falta de precisión normativa, la doctrina jurídica ha desarrollado una interpretación más detallada y específica, definiendo el derecho al honor como el derecho de cada persona a que se respete su reputación, fama y consideración social. Asimismo, establece que las personas tienen el derecho a interponer acciones judiciales contra cualquier ataque que, mediante expresiones o imputaciones falsas, menoscabe su dignidad personal o imagen pública. A partir de esta premisa, la investigación planteada en esta tesis se centra en analizar la compatibilidad, simultaneidad o exclusión de las acciones civiles y penales frente a las intromisiones ilegítimas contra el derecho al honor, con el fin de examinar si es posible ejercitar ambas vías procesales de manera independiente, sucesiva o simultánea, o si, por el contrario, estas acciones resultan excluyentes entre sí. Además, se analizará de manera exhaustiva e independiente todo el procedimiento referente a la tutela judicial del derecho al honor en ambas jurisdicciones, la civil y la penal, abarcando también un amplio estudio sustantivo sobre los delitos contra el honor, la injuria y la calumnia, que serán objeto de protección jurisdiccional penal. Previamente a todo ello, como punto de partida y a fin de situarnos en contexto, se hará un riguroso análisis global del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen como derechos de la personalidad, consagrados en el artículo 18.1 de la Constitución Española, como derechos fundamentales, para posteriormente centrarnos en la investigación en exclusiva del derecho al honor, como bien jurídico protegido, desde una perspectiva histórica, conceptual, normativa, doctrinal, así como su conflicto y colisión con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión e información. Por último, como ya se ha puesto de manifiesto, se destinará gran parte de la investigación a la tutela jurisdiccional del derecho al honor, tanto por vía civil como por vía penal, analizando por separado ambas vías procesales, así como sobre la simultaneidad o exclusión, según se inicie previamente, una u otra, además de la posibilidad de que en el proceso penal también se impetre el resarcimiento de la responsabilidad civil extracontractual ex delicto. Todo ello tomando como marco normativo de referencia a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se antoja absolutamente esencial y fundamental en la protección jurisdiccional del derecho al honor, objeto de la presente investigación de tesis doctoral. También, aunque en menor medida, nos adentraremos en el análisis de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Dicho lo que antecede, la investigación confirma que el marco legal español permite una doble vía de protección jurisdiccional del derecho al honor, mediante el ejercicio de acciones civiles y penales. Las personas que se sientan perjudicadas por atentar contra su honor podrán buscar la reparación del daño a través de la vía civil o de la vía penal, si bien, como demuestran los hallazgos de la investigación, el ejercicio de una u otra, dependerá de determinadas casuísticas procesales que habrán que ponderarse debidamente en su momento por el ofendido de la intromisión ilegítima contra su honor, aunque en el proceso penal se puedan acumular ambas acciones. Una de las claves de esta posibilidad de acudir a ambas vías judiciales reside en los plazos diferenciados, ya que la acción civil tiene un plazo de caducidad de cuatro años, mientras que la penal prescribe en un año. Esta diferencia permite optar por la vía civil incluso cuando la penal ya no es posible. Además, la extinción de la acción penal no afecta a la civil, salvo que se determine que los hechos no existieron. La jurisprudencia, especialmente la STS, Sala Primera, nº 285/2009, de 29 de abril de 2009, ha flexibilizado esta coexistencia permitiendo a las víctimas ejercer ambas acciones, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos normativos y procesales para ello, garantizando de esta manera una protección integral del derecho al honor. Por tanto, el sistema jurídico español, en atención a la existencia de dos ilícitos conceptualmente diferentes aunque provengan de los mismos hechos, proporciona un marco flexible que permite la dualidad de vías procesales (civil y penal) en supuestos de vulneración del derecho al honor, asegurando de esta manera que los perjudicados puedan obtener justicia por dos vías distintas, gozando en consecuencia de una amplia protección jurisdiccional. Por último, se analizará cuál es la vía procesal más adecuada y recomendable para la tutela judicial del derecho fundamental del honor y las consecuencias jurídicas de elegir primeramente una u otra. También, se examina la protección constitucional, como última ratio ante la intromisión ilegítima en el derecho al honor, cuando las vías jurisdiccionales ordinarias indicadas hayan fracasado, completando así el estudio completo de la tutela judicial del referido derecho fundamental. El presente proyecto de tesis aborda también en profundidad el estudio del derecho al honor de las personas jurídicas. Se exploran las diferencias entre personas jurídicas de ámbito privado y público y se analiza cómo les afecta el derecho al honor, según cada caso. De igual modo, también se examina cómo afecta el derecho el honor respecto a la reputación en plataformas digitales, páginas web y redes sociales y se cita jurisprudencia relevante a nivel nacional y europeo. A este respecto, el objetivo fundamental es conocer en detalle la protección jurisdiccional del derecho al honor de las personas jurídicas y si todas ellas (públicas o privadas) gozan de legitimación activa para su defensa por medio de las mismas vías procesales contempladas en la ley que las personas físicas o si, por el contrario, existen limitaciones a dicho ejercicio jurisdiccional según su naturaleza jurídica. La tesis, además, incluye un amplio análisis jurisprudencial de casos en los que se produce una colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información y se determina cuándo prevalece un derecho u otro, tanto en el seno de las personas físicas como jurídicas.

The right to honor is a fundamental right enshrined in the Spanish constitutional framework, whose protection is guaranteed by the Constitution itself, even though it does not explicitly define the concept. Despite this lack of normative precision, legal doctrine has developed a more detailed and specific interpretation, defining the right to honor as the right of every individual to have their reputation, fame, and social standing respected. Furthermore, it establishes that individuals have the right to initiate legal actions against any attack, through expressions or false accusations, that undermines their personal dignity or public image. Building on this premise, the research presented in this thesis focuses on analyzing the compatibility, simultaneity, or exclusivity of civil and criminal actions against unlawful intrusions on the right to honor. The objective is to examine whether both procedural avenues can be pursued independently, successively, or simultaneously, or whether, on the contrary, these actions are mutually exclusive. Additionally, this research will conduct an exhaustive and independent analysis of all procedural aspects related to the judicial protection of the right to honor in both civil and criminal jurisdictions. It will also include an extensive substantive study of offenses against honor, specifically defamation and slander, which are subject to criminal judicial protection. As a preliminary step and to provide context, a comprehensive global analysis of the right to honor, privacy, and self-image as personality rights will be conducted. These rights, enshrined in Article 18.1 of the Spanish Constitution as fundamental rights, will be examined before focusing exclusively on the right to honor as a legally protected interest. This analysis will encompass historical, conceptual, normative, and doctrinal perspectives, as well as the conflicts and collisions with other fundamental rights, such as freedom of expression and information. Finally, as previously stated, a significant portion of the research will be devoted to the judicial protection of the right to honor through both civil and criminal avenues. Each procedural path will be analyzed separately, including their simultaneity or exclusivity depending on which is initiated first. This will be done with Organic Law 1/1982, of May 5, on civil protection of the right to honor, personal and family privacy, and self-image, as the fundamental normative reference, which is absolutely essential for the judicial protection of the right to honor, the central subject of this doctoral research. Additionally, albeit to a lesser extent, Organic Law 2/1984, of March 26, regulating the right of rectification, will also be analyzed. From this premise, the research confirms that the Spanish legal framework permits a dual judicial pathway for the protection of the right to honor, through both civil and criminal actions. Individuals who feel harmed by an attack on their honor may seek redress for damages through the civil or criminal avenue. However, as demonstrated by the findings, the choice of one or the other depends on specific procedural circumstances that must be carefully considered by the victim of the unlawful intrusion. One key factor in allowing recourse to both judicial pathways lies in the differing time limits: civil actions have a statute of limitations of four years, whereas criminal actions expire in one year. This difference allows individuals to opt for the civil avenue even when the criminal action is no longer viable. Moreover, the extinction of the criminal action does not preclude the civil one unless it is determined that the alleged facts did not occur. Jurisprudence, particularly Supreme Court Judgment 285/2009, of April 29, 2009, has facilitated this coexistence, allowing victims to pursue both actions provided certain normative and procedural requirements are met. This ensures comprehensive protection of the right to honor. Thus, the Spanish legal system provides a flexible framework that allows for dual procedural avenues (civil and criminal) in cases of violations of the right to honor. This flexibility ensures that affected parties can seek justice through two distinct pathways, thereby benefiting from broad judicial protection. Finally, the research will analyze which procedural avenue is the most appropriate and advisable for the judicial protection of the fundamental right to honor and the legal consequences of initially choosing one over the other. It will also examine constitutional protection as the ultima ratio against unlawful intrusions on the right to honor when the ordinary judicial avenues fail, thus completing a comprehensive study of the judicial protection of this fundamental right. This thesis also delves deeply into the study of the right to honor of legal entities. It explores the differences between private and public legal entities and analyzes how the right to honor affects them in each case. Similarly, it examines how the right to honor impacts reputation on digital platforms, websites, and social networks, citing relevant national and European case law. In this regard, the primary objective is to understand in detail the judicial protection of the right to honor of legal entities and whether all of them (public or private) have legal standing to defend their honor through the same procedural avenues as natural persons, or whether there are limitations to this judicial recourse depending on their legal nature. Moreover, the thesis includes an extensive jurisprudential analysis of cases involving conflicts between the right to honor and the right to freedom of expression and information. It determines when one right takes precedence over the other, both for natural and legal persons.