Introducción

1. Los gitanos o calés: Una minoría vulnerable

En casi todos los países de Europa y América viven gentes que son conocidas como gitanos, gypsies, rom, zigeuner, gitanes, tsiganes, manouches, sinti, cigány, etc., quienes, a pesar de su probable y remoto origen común, han sufrido una marcada transformación por su contacto con los pueblos con los que han convivido y con los que se han ido mezclando. Los diversos grupos romaníes del mundo se diferencian hoy tanto entre sí como las poblaciones en cuyo seno conviven (1). Por eso puede hablarse sin exagerar de un mosaico de grupos y poblaciones gitanas que presentan «una inmensa gama de variación étnica» (Acton 1979: 231).

En España, casi todos los gitanos proceden de las primeras oleadas migratorias que llegaron a Europa occidental en el siglo XV, y se trata, por tanto, de un grupo cuyas costumbres y modos de vida son fruto de una larga convivencia y mestizaje cultural y racial con las poblaciones autóctonas. En Andalucía, los gitanos constituyen la principal minoría étnica de la región y en muchos pueblos y ciudades andaluzas la presencia gitana se remonta de forma continuada a los siglos XVI y XVII (Gómez Alfaro 1999, 1998; Leblon 1985; Pérez de Guzmán 1982). La andaluza es una de las poblaciones gitanas del mundo que más tiempo llevan asentadas en los mismos lugares de residencia, y sus costumbres se han fundido y acomodado con las de la población mayoritaria. Además, los gitanos han contribuido considerablemente a constituir la tradición, costumbres y formas de vida y expresión de la población andaluza y, así, de la española en general. Quizá en ningún otro lugar de Europa se haya producido una fusión cultural tan intensa como la que ha ocurrido aquí y que se manifiesta, por ejemplo, en el cante y el baile flamenco y su valor e importancia para gaché y calé.

Las estimaciones sobre el número de los gitanos españoles varían notablemente, pero las que nos parecen más informadas sitúan el tamaño de la población gitana española en torno a las 600.000 personas, es decir el 1,5 por ciento de la población total. En Andalucía, la población gitana se acerca hoy a las 250.000 personas distribuidas por todas las provincias. Los gitanos y gitanas representan entre el tres y el cuatro por ciento de la población andaluza (2); ésta es, por tanto, la Comunidad Autónoma española donde vive un mayor número de gitanos (Fresno 1994; Gamella 1996). La población gitana se encuentra dispersa por las localidades rurales y urbanas de toda Andalucía, destacando su presencia en algunas zonas y comarcas, como ocurre en barrios de todas las capitales de provincia, por ejemplo, de Sevilla, Málaga, Huelva o Almería, en una gran parte de las agrociudades andaluzas, sobre todo algunas que cuentan con cierta base manufacturera o comercial (Andújar, Linares, Jerez), o en el Norte de la provincia de Granada, donde hay más de 20 pueblos donde los gitanos suponen más del 10 por ciento de la población local.

Esa distribución geográfica se acompaña de una variada integración cultural y sociolaboral. En esta Comunidad Autónoma se da la mayor variedad de relaciones interétnicas y de situaciones sociolaborales. No están ausentes la discriminación, la segregación ni las carencias extremas; pero son frecuentes también muchas situaciones intermedias y formas de integración que abundan menos fuera de Andalucía. En cualquier caso, la minoría gitana no debe contemplarse como un grupo uniforme y estático o cerrado a los cambios, adaptaciones y fusiones con sus vecinos. Hoy la vida y la tradición de los gitanos en Andalucía y en toda España está en intenso proceso de transformación y reelaboración; cambios profundos tienen lugar en sus costumbres, modos de vida y estructuras familiares, demográficas y sociales básicas. Esos cambios no están teniendo lugar al mismo ritmo ni profundidad en los diversos grupos y poblaciones gitanas de Andalucía; por ejemplo, no afectan de forma muy distinta a las poblaciones más necesitadas y degradadas de las zonas periurbanas que a las familias tradicionalmente integradas en algunos pueblos y ciudades donde desempeñan trabajos respetados. Por eso, la población gitana es una población cada vez más heterogénea.
 

1.1. La minoría gitana en la estructura social

A pesar de la variedad de situaciones en las que viven los diversos grupos romaníes de Europa, en general, puede verse a los gitanos como uno de los grupos más pobres, excluidos y rechazados del Continente. Su situación es especialmente dura y arriesgada en países de Europa del Este, como Rumania, Eslovaquia, y en los Balcanes, sobre todo en aquellos de la Ex-Yugoeslavia, como Bosnia, Kosovo o Macedonia, donde con frecuencia son la minoría que primero o más generalizadamente sufren el impacto de los esfuerzos de limpieza étnica desatados en la zona desde 1991 (ver, por ejemplo, Fonseca 1995, o Bancroft 1999).

Si hay un grupo al que le cuadre la definición de «infraclase» que popularizó Ken Auletta en su obra de 1983, sería a los gitanos. El rótulo de «marginados» parece asociarse con esta minoría de forma tan automática que cualquier elaboración sobre la exclusión social de los gitanos parece un pleonasmo (ver Cazorla 1976). Lo único que se suele conceder, es la coletilla de que «se marginan ellos», es decir, que su situación de pobreza, analfabetismo, desempleo o subempleo, o su reducción a empleos insuficientes, informales y poco productivos es una elección propia o derivada directamente de alguna de sus especificidades culturales como el pretendido nomadismo, la importancia de unos supuestos «clanes» y de una especial transmisión de saberes entre niños y mayores que hace muy difícil su escolarización provechosa.

Sin embargo la realidad suele ser más compleja y las formas de inserción social de los gitanos no son tan simples y dicotómicas. Esto es especialmente cierto en España y, sobre todo, en Andalucía y también en otras regiones españolas y resalta sobre todo si contemplamos la evolución de los gitanos en el cuarto de siglo que dura ya el régimen de democracia reinstaurado en España a partir de 1977.

Los gitanos españoles y su evolución reciente ofrecen un ejemplo de la complejidad y heterogeneidad de los procesos de inserción/exclusión y movilidad social de estas minorías. Y más especialmente, el sector de gitanos que vive en Andalucía, los andaluces gitanos. Un repaso de la situación de esta minoría en Andalucía y los cambios acaecidos en las últimas décadas muestra la insuficiencia, incluso la esterilidad analítica, de los rótulos que se asocian al estudio de la «marginalidad» y que se repiten como felices metáforas con muy poca base teórica las más de las veces. Visto como situación y no como proceso, como «lugar» social donde confluye y se endurece la metáfora, en el fondo, las alusiones a la «marginación» suelen provocar inacción o un mal uso de recursos que a menudo generan nuevas formas de segregación a veces más insolubles.

Es cierto, sin embargo, que muchos grupos gitanos están expuestos a procesos que les hacen especialmente vulnerables frente a ciertas desgracias sociales (Castel 1995), pero esta idea debe de tomarse con bastante cuidado pues aunque parece absoluto (incorpora dudosas connotaciones médicas y epidemiológicas) su carácter es muy relativo al contexto y el riesgo específico del que se hable. Por otro lado, el modelo de relaciones interétnicas es muy variado y las situaciones concretas pueden entenderse como gradaciones en un continuo que va de formas máximas o extremas de segregación a otras en que la integración es fluida y constante. Son muchas las realidades existenciales, laborales, sociales y culturales que viven los gitanos, por lo que no debemos confundir a aquéllos más visibles con la totalidad de esta minoría. En repetidos asentamientos encontramos procesos que favorecen la «exclusión» laboral, económica, educativa y hasta sanitaria, y la reproducen de generación en generación. En muchos pueblos y ciudades hay grupos que forman «islas» de mayor acomodo, generalmente familias más o menos separadas, aunque también hay lugares donde, tanto laboral como educativa o socialmente, la segregación es menor y apenas hay diferencia entre payos y gitanos en ingresos, acceso a recursos sociales e incluso participación política.

Debemos destacar a este respecto que no conocemos el universo poblacional de partida, pues la filiación étnica no consta en los censos disponibles, lo que en muchos sentidos supone un bien, pero que hace difícil saber cuales son los niveles de representación de la minoría en los diversos registros sanitarios, educativos, laborales o de cualquier otro tipo. No obstante, cuando se realizan estudios locales recogen índices o indicadores más o menos indirectos (ver, como ejemplos, A.S.G.G. 1994; EMER 1991; CEUMT 1990; Grupo PASS 1991, 1985; Ardévol 1987; EDIS 1984; o Fresno 1994 para una revisión y resumen), la situación subordinada de la minoría sobresale con claridad. Los gitanos aparecen representados en muchos de los índices negativos, como falta de vacunación, accidentalidad, prisión, enfermedades congénitas, y, por el contrario, aparecen infrarrepresentados en los indicadores de logro económico, educativo o político. Por ejemplo, en su representación en el gobierno de ayuntamientos, Comunidades Autónomas, parlamentos y gobiernos, o en su presencia entre los licenciados y profesores universitarios, los investigadores y profesionales especializados, etc.

En nuestro trabajo de campo antropológico hemos conocido más de cien asentamientos gitanos en Andalucía y en otras regiones españolas e incluso francesas. Hemos visto como pueblo tras pueblo y barrio tras barrio y familia tras familia hay una notable heterogeneidad y variedad, con algunos grupos de gitanos que, sin abandonar algunas de sus tradiciones más específicas, como las que conciernen al matrimonio y la familia y los difuntos, han conseguido altos niveles relativos de ingresos, estabilidad ocupacional y logro educativo. Pero también hemos recogido situaciones terribles de anomía, abandono y miseria que se repiten generación tras generación y que, incluso, pueden haber empeorado en las últimas décadas al aparecer nuevas necesidades y exigencias del entorno social más amplio y riesgos antes desconocidos como la heroinomanía y el SIDA, el comercio de drogas y la delincuencia y prisión a la que conduce a un importante sector de gitanos y gitanas (ver Gamella 1996, 2000a; o Colectivo La Kalle 2000).
 

1.2. De la segregación al conflicto: resistencias a la inclusión étnica

Desde la instauración de la democracia los gitanos han accedido en España de manera creciente al estatus de ciudadanos de un Estado social de derecho, y en su caso ha sido crucial el impacto de las políticas públicas desarrolladas sobre todo en los 80 y los 90. En educación, sanidad, vivienda, subsidios por desempleo, jubilación y minusvalía, y en participación política y social, el cambio está siendo decisivo, probablemente el mayor de toda la historia de los calé.

Ahora bien, si el impulso a favor de la promoción de los gitanos ha sido en muchos aspectos notable, es difícil evaluar sus efectos favorables con alguna precisión sin adoptar una estrategia de estudio por casos. En varios aspectos, como las transformaciones educativas y laborales, los procesos están ocurriendo de forma lenta e insuficiente, y no sin reveses causados por la terrible crisis económica de los setenta y primeros ochenta, la descomposición del mercado de trabajo y la merma o destrucción total de oficios y tareas que muchos gitanos adoptaron como propias y que constituían un «nicho ecológico» exclusivo, en muchos casos con conexiones ancestrales. En otros aspectos, como la atención y la promoción sanitaria, los logros pueden ser más claros, aunque también se pueden ver reducidos, sobre todo en los grupos gitanos más necesitados, por el incremento de desafíos y riesgos derivados de los nuevos patrones de vida y nuevos hábitos de consumo de masas, como el tabaquismo, el consumo de alimentos industriales, los accidentes domésticos y de tránsito, e incluso, en sectores limitados de la minoría, del consumo de drogas ilegales. En relación al acceso a la vivienda, pieza clave de la inserción social de la minoría, los cambios pueden haber sido tan grandes como variados por grupo, región e incluso barriada, y están por estudiar comparativamente en todo el territorio español, aunque ha habido algunos ensayos prometedores (ver Grupo PASS 1991, 1985).

Hay un aspecto, sin embargo, que indirectamente nos ayuda a situar a los gitanos en la estructura social española y a conocer mejor los procesos de exclusión o integración que vienen sufriendo: el de la movilización y la acción colectiva en su contra. Y es que en la España constitucional se ha producido un cambio de tendencia en los conflictos étnicos que tienen como motivo o diana a la minoría gitana (Gamella 2000b, 1996, 1994a; Río 1999; Gamella y Río 1996). Además, la movilización y la acción colectiva centradas en la minoría gitana se presentan en los medios de forma que se exige la intervención del poder público: ahora son o pueden ser un problema social. Hemos observado cambios tanto coyunturales como estructurales en los conflictos étnicos que ilustran, de forma indirecta, pero muy válida, los procesos de exclusión que operan sobre la minoría gitana española y sus relaciones con la mayoría. Es decir, atendiendo a la movilización y la acción colectiva antigitana podemos estudiar indirectamente los procesos y situaciones de integración y exclusión más llamativos y problemáticos, al menos en el sentido de su publicidad y rechazo. Así, siguiendo a Olzak, entendemos que el conflicto étnico puede analizarse como un rasgo de la exclusión social activa y competitiva, y creemos que, en el caso de la minoría gitana en la España constitucional, la intensificación de ciertas formas de contacto y competencia han generado un cambio en las acciones y movilizaciones colectivas, pero no sólo por parte de los grupos étnicos dominantes que intentan mantener su hegemonía y control (1992: 209), sino también en forma de resistencia de sectores de la minoría o de organizaciones contrarias al racismo y, sobre todo, del nuevo movimiento social surgido en torno a las asociaciones gitanas y sus federaciones. Atendiendo a las movilizaciones y conflictos que tienen como diana a grupos definidos como gitanos encontramos una manera indirecta pero bastante precisa de establecer la historia de las relaciones étnicas recientes. Ofrecemos aquí los resultados de un primer análisis de nuestra base de datos.
 

2. Tres formas principales de acción colectiva étnica

De nuestro análisis emergen claras diferencias entre tres tipos de acción colectiva étnica: enfrentamientos, protestas y denuncias. La distinción se establece en función de cuáles sean la audiencia y el objetivo o la diana de la acción y el nivel de movilización directa.
 

2.1. Enfrentamientos

El enfrentamiento étnico es una forma de acción colectiva en contra de individuos o grupos de «otra población étnica involucrada en la confrontación como participantes o simbólicamente, como el en el caso de la profanación de un cementerio judío...» (Olzak 1992: 8). La forma más típica de enfrentamiento o confrontación son los ataques de miembros de un grupo a individuos de otro grupo por su mera identidad; o los choques entre dos grupos étnicamente diferenciados en los que se involucran gentes que se desconocen mutuamente y que pueden incluso desconocer muchas de sus características personales, incluso aquellas que tienen en común con el adversario y que reducirían el conflicto.

Como primer ejemplo citaremos el ataque colectivo contra una vivienda gitana y sus ocupantes ocurrido en Torredonjimeno en 1984 a raíz de lo que se percibió como la agresión de «un gitano a un payo». Claro ejemplo de enfrentamiento colectivo étnico y de otro de los elementos fundamentales del etnicismo, la agresión colectiva:
 

Cinco personas de raza gitana muy graves al incendiar su vivienda una multitud que intentaba lincharlos. Unos 1000 habitantes de Torredonjimeno (Jaén) -localidad con una población de unos 13.500 habitantes- prendieron fuego a una casa donde se encontraban ocho personas de raza gitana. El origen de los sucesos está en la fuerte agresión que sufrió el payo Cosme Sevilla de 61 años de edad, por negarse a darle un cigarro a J. F. (El Ramplin) de raza gitana y éste le asestó un fuerte garrotazo en la cabeza hiriéndole de gravedad (El País, 21/1/84).

Claro antecedente de los sucesos posteriores de Martos, Mancha Real y Loja, lo ocurrido en Torredonjimeno representa un ejemplos extremo de enfrentamiento y violencia, curiosamente poco conocido y que hemos investigado etnográficamente (ver Gamella y Río 1996; Gamella et al. 2000).
 

2.2. Protestas

En las protestas como formas de acción colectiva, por el contrario, la audiencia a quien se dirigen los actores es el público en general o alguna institución o autoridad pública. Lo que aquí llamamos protesta, siguiendo a Olzak, es un tipo de acción en la que un colectivo intenta presentar una demanda a esa audiencia en nombre de su propio grupo étnico, teniendo lugar, por consiguiente, «aquellas reuniones contenciosas en las que los miembros de un grupo étnico» presentan una reivindicación o articulan una ofensa en orden a influir sobre una política pública o a difundir simbólicamente sus reivindicaciones frente a otros grupos (1992: 9, 234).

En nuestra muestra hay decenas de protestas acaecidas en Andalucía en el período considerado, por ejemplo la manifestación y el corte de carretera en Atarfe (Granada) pidiendo «la expulsión de un gitano» que había atropellado a dos mujeres causándoles la muerte; o las manifestaciones vecinales multitudinarias en la ciudad de Almería protestando contra la instalación de 20 familias gitanas en el barrio de la Chanca (ver El País, 30/6/1988). O la protesta de cientos de manifestantes que en la ciudad de Jaén en mayo de 1989 exigían un mayor control policial en relación a los actos delictivos presuntamente «cometidos por gitanos» (ver El País, 26/5/1989).

Las protestas se diferencian de los enfrentamientos en que, generalmente, sólo un grupo actúa o realiza la acción colectiva; sólo un grupo está presente, aunque, al manifestarse en espacios públicos, puede chocar con fuerzas de orden y provocar enfrentamientos. Definimos así protesta como una acción colectiva en la que sólo una de las partes interviene, actuando de forma pública para llamar la atención (manifestación, corte de vía pública, cierre de comercios, huelga...) del público o de las autoridades en demanda de alguna acción o medida en su beneficio para reafirmar o conseguir algún derecho que se ve como vulnerado. En este caso el de una seguridad que se supone ha de traducirse en control o expulsión de la población gitana que se juzga amenazante. Enfrentamientos y protestas suelen estar vinculadas estrechamente y a veces seguirse unos de otros. A menudo un enfrentamiento, un estallido comunitario, genera múltiples acciones de protesta, como en Martos, en 1986; y a la inversa, lo que nace como una protesta ciudadana puede desembocar en episodios de violencia colectiva e incluso «étnica», como ocurrió en Mancha Real en 1991. De hecho, es más fácil movilizar a amplios sectores de la mayoría (y de la minoría) en una protesta que en un enfrentamiento, por lo que las «manifestaciones» o protestas son seguramente los orígenes más probables de enfrentamientos colectivos. A su vez, como es bien conocido en otros contextos, las manifestaciones o protestas de un grupo pueden provocar los ataques de otro.

La distinción entre enfrentamientos y protestas presenta, pues, limitaciones. En un mismo caso de conflicto pueden darse secuencias de protestas que acaban en enfrentamientos o viceversa. A menudo también es una denuncia más o menos publicitada la que conduce a una protesta. Por otro lado, en nuestra muestra hay casos claros de acción colectiva con un fundamento o motivo étnico que no son ni protestas ni enfrentamientos directos, sino, por ejemplo, casos de discriminación que, al denunciarse públicamente por una persona o una organización (pública o privada) son reflejados en la prensa y podemos integrar en nuestro análisis.
 

2.3. Denuncias colectivas y públicas

En nuestro análisis, por lo tanto, se aprecia otro tipo de acciones colectivas públicas con elementos étnicos, que surgen de una denuncia y pueden considerarse como un tipo de protesta, aunque no supongan siempre una movilización colectiva más allá de los miembros de la institución u organización que denuncia y que consigue, con más o menos impacto, llegar a la opinión pública.

Entendemos por denuncias a ciertas formas de acción colectiva y pública que involucran también cierta forma de protesta, que puede o no derivar en la movilización inmediata de grupos de personas en acciones colectivas como manifestaciones, enfrentamientos con la policía, etc. Por ejemplo, en Andalucía se han reiterado las denuncias de la FARA (Federación de Asociaciones Romaníes Andaluzas), fundada en 1988, ganando en impacto mediático y social y desarrollando nuevas formas de movilización y acción colectiva. Fue muy novedosa e importante la actuación de representantes de esta federación en los casos del conflicto de Mancha Real (en 1991), como en el de Loja de 1992, cuando acusaron de racistas y rotularon como «personas non gratas» a concejales de Loja (Granada) que habían solicitado a una familia gitana vinculada a un enfrentamiento mortal con otra familia paya que abandonase el pueblo. Más recientemente, a primeros de 1996, la FARA acusó públicamente al Ayuntamiento de Puerto Serrano, Cádiz, de utilizar criterios discriminatorios al «no facilitar casas a 20 familias gitanas» en un programa de vivienda (ver El País, 14/3/1996; edición de Andalucía). Consideramos que aquí se da una acción colectiva aunque no se vea seguida de movilizaciones o conductas «presenciales». Y se trata de una denuncia con elementos diacríticos de carácter étnico y que tiene efecto al hacerse eco de ella los medios de comunicación. Con la creciente posibilidad de coordinarse y actuar a distancia utilizando nuevos y viejos medios de comunicación y nuevas tecnologías, este tipo de acción colectiva se ha ido repitiendo y cobrando más importancia en nuestro caso, como en tantos otros.
 

Resultados: Un ciclo de ascenso y descenso en el conflicto étnico

A pesar de sus sesgos y limitaciones nuestra muestra refleja un fenómeno social y cultural de importancia: las decisivas transformaciones en la movilización y la acción colectiva centrada en la minoría gitana en la España constitucional, que indican una importante transformación en las relaciones étnicas. Constatamos que se ha producido una «ola» o marea ascendente en los conflictos desde 1976 y también un claro descenso en los últimos años, manteniéndose, sin embargo, el nivel de la movilización y la acción colectiva centrada en la minoría gitana a un nivel mucho más alto del que caracterizó los primeros años de andadura democrática.
 

Como se aprecia en la tabla 1, así como en las siguientes, el número anual de conflictos encontrados ha aumentado notablemente en el período de consolidación constitucional y de entrada de España en la Unión Europea, entre 1986 y 1995, para ir decreciendo después, aunque manteniéndose ya a un nivel más alto del conocido antes de este ciclo. Este ciclo ascendente es especialmente visible cuando se agrupan los casos por períodos, como en el gráfico 2:
 

1. Ciclos menores y concentrados

Además de esa gran ola o marea se han producido también varias secuencias de enfrentamientos y protestas muy concentradas en el tiempo y con claras influencias entre sí. Estas secuencias más o menos continuas son las más frecuentemente estudiadas en la literatura sobre conflictos étnicos, sobre todo la norteamericana (ver Olzak 1992: 9). Los procesos de reacción, imitación, proyección de culpa o búsqueda de «chivos expiatorios» y también la difusión de innovaciones (Rogers 1995) aparecen con frecuencia combinados en tales secuencias. Entre estas secuencias o ciclos menores que se repiten en el cuarto de siglo analizado, quizá el más importante por su concentración tuvo lugar en el otoño de 1991 y se extendió por numerosas ciudades en forma de movilizaciones «contra la droga» en las que numerosos grupos de vecinos atacaron a personas juzgadas como «drogadictas», pero también poblados y viviendas donde se consideraba se vendían drogas y que en la mayoría de los casos eran hogar de familias gitanas.

No obstante, frente a estos ciclos breves, donde los episodios de movilización y conflicto tienen lugar de forma continua, nosotros destacamos también la existencia de un proceso más amplio, que abarca más de veinte años y donde se aprecia la consolidación de una nueva fase en las relaciones étnicas entre payos y gitanos en España, marcada por un ascenso en ciertas formas de acción y movilización colectiva dentro de un nuevo marco político-legal e institucional. Esta nueva época altera los procesos de vulnerabilidad y el rostro que presenta la exclusión social, así como sus consecuencias.
 

2. Tres grandes períodos en la movilización antigitana

Distinguimos tres grandes períodos en esta ola o fase oscilante que someramente comentaremos, aunque un detallado estudio de las diferencias entre cada período y de la variación de los conflictos en cada uno rebasa las dimensiones y propósitos de este artículo.

El primero, desde 1976 a 1985, es un período caracterizado por una profunda transformación política y una reestructuración económica muy dura en un contexto de recesión inflacionista que se traduce en una degradación del mercado de trabajo con altísimos niveles de desempleo y subempleo. Aparecen las primeras asociaciones específicamente gitanas, algunas de ellas, como Presencia Gitana, muy activas en la denuncia pública de la discriminación o la situación de abandono o exclusión de amplios sectores de la minoría. Sin embargo, en este período, el número de casos y su intensidad es todavía relativamente bajo.

El segundo período, que se abre en 1986 y parece terminar entre 1993 y 1995, ha sido especialmente convulso en la movilización colectiva antigitana en España. Uno de cada tres casos de nuestra muestra se produce en este período. Algunos de ellos son los más importantes, tanto por el tamaño de las movilizaciones como por su repercusión nacional e incluso internacional (por ejemplo, los de Martos, en 1986, o Mancha Real, en 1991, o Villaverde en 1991). En este período hay una proliferación del voluntariado y el asociacionismo gitano, que se manifiesta en la aparición de entidades específicamente orientadas hacia este colectivo, una gran mayoría de ellas formadas y dirigidas por gitanos y gitanas.

Como se aprecia en las tablas 1 y siguientes, el número de casos de conflicto étnico con la minoría gitana se ha multiplicado por cinco en este segundo período, pasando la media anual de 3,6 en los últimos setenta a 19,8 en los primeros noventa, de media anual. Así, los casos registrados entre 1991 y 1995, por ejemplo, representan el 33,9 por ciento de los acaecidos en todo el periodo democrático. En 1991 y 1992 se produce el ápice de esta «ola» o marea que destacamos; casi uno de cada cinco de los conflictos de nuestra muestra (19,5%) acaecieron en esos dos años. Entonces convergieron diversos procesos de cambio estructural en aspectos centrales para la exclusión/inserción de grupos gitanos en toda España, temas como, por ejemplo, cierta forma de consolidación urbanística de la periferia de pueblos y ciudades, las consecuencias de la «crisis de la heroína» y el salto en la incidencia nacional del SIDA. Es también el período de consolidación del asociacionismo gitano y la aparición de federaciones que vinculan a las numerosas asociaciones que han ido apareciendo en casi todas las regiones españolas (ver Cortés y García 1999).

El último período, entre 1995 y el 2000, supone una consolidación de muchos de los procesos citados, con un repunte económico considerable, la definitiva consolidación democrática, y la consolidación de la escolarización y la sanidad como derechos universales. Hay una eclosión del asociacionismo, el voluntariado y la participación de las ONG, que afecta también al asociacionismo gitano, así como un crecimiento de la inmigración extranjera y, sobre todo, de su problematización y de los esfuerzos por controlarla. Entre los inmigrantes extranjeros empiezan a notarse grupos romaníes de Europa central, sobre todo «rumanos».

El hallazgo de que han aumentado la acción y movilización colectiva antigitana en un período de mayor democracia y defensa de los derechos minoritarios parece inesperado, contrario a nuestras expectativas. Es el período en que se extiende la enseñanza obligatoria, que se universalizan las prestaciones sanitarias, crecen las oportunidades para el asociacionismo y se ponen en marcha políticas públicas más solidarias, en vivienda, subsidios públicos, etc. Es curioso que en este período se dispare la acción y la movilización colectiva contra sectores gitanos en muchas regiones españolas.

Quizá convenga también reseñar que el período que comienza en torno a 1987 es también el de máxima expansión de la crisis de la heroína (ver Gamella 1999, 1997, 1994b) y sobre todo entre 1987 y 1994 se hace patente la expansión del SIDA asociada a la inyección de drogas y sus terribles consecuencias. Los máximos encontrados en los años 1991 y 1992 son coherentes con el desarrollo de esta «crisis de la heroína», pues es entonces cuando convergen las consecuencias más visibles y amenazantes. Por citar un índice, es en 1991 y 1992 cuando las muertes por «sobredosis» alcanzan un máximo después de una década de ascenso. Tras mantenerse a un nivel alto hasta 1995, comenzarán a decrecer entonces de forma notable (ver OED 2000).

Por eso los casos acaecidos en este período no sólo son los más numerosos, sino también, a menudo, los de mayor duración e impacto, como los acaecidos en el otoño de 1991 en la periferia de varias ciudades españolas, literalmente «en pié» frente a las políticas de realojamiento de grupos gitanos chabolistas. En el Sur y el Este de Madrid, por ejemplo, algunas de estas movilizaciones consiguieron reunir a decenas de miles de manifestantes y crearon organizaciones ad hoc que negociaron directamente con las Administraciones implicadas (por ejemplo, en Villaverde).

En otro terreno, en este período tienen lugar los casos de Martos, Mancha Real y Loja, que suponen referencias muy importantes del nivel de la movilización antigitana en España y de su tratamiento legal. Pocos enfrentamientos han tenido tal impacto fuera y dentro de nuestras fronteras como los casos de Martos o Mancha Real, ni han recibido semejante concentración informativa.

En el período último, desde 1995, el problema de «la droga» ha cambiado de naturaleza y de orientación. Paulatinamente los heroinómanos «en activo» se han ido convirtiendo en una población más y más excluida, envejecida y deteriorada. Por otra parte, la caída de los precios de la heroína ha hecho más fácil su adquisición para los drogodependientes que recurren a fuentes de ingresos más o menos legales, incluida la mendicidad, lo que ha rebajado la presión que suponían los delitos contra la propiedad, sobre todo aquellos especialmente alarmantes que incorporaban violencia. Además, han aumentado enormemente las ofertas de mantenimiento con opioides (sobre todo con metadona), y la intensidad y urgencia del problema o de su percepción pública han disminuido. Si esto se une con un realojamiento generalmente más alejado o circunscrito de los grupos gitanos presuntamente implicados en el comercio de heroína y cocaína, así como con un cambio de estrategia en las políticas de vivienda y erradicación del chabolismo en contra de los poblados especiales «de transición», tenemos en general una menor presión de la movilización colectiva que identifica la presencia gitana con «la droga» y sus secuelas estereotípicas. El problema no ha desaparecido; pero su intensidad y amenaza directa se han reducido notablemente y se «mantienen» a distancia. Esto se aprecia de forma directa e indirecta en nuestro registro de conflictos.
 

3. Distribución espacial: conflictos por Comunidad Autónoma y por provincia

Cuatro Comunidades Autónomas, Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, concentran 3 de cada 4 casos (74,7%). Son las regiones donde se concentra el sector más numeroso de la población gitana española. Pero la relación entre tamaño de la minoría y frecuencia o intensidad de los conflictos no es tan directa como podría pensarse. Así, el número de residentes gitanos es mucho mayor en Andalucía que en Madrid y que en Cataluña y, sin embargo, no es Andalucía la región donde recogemos un número mayor de conflictos ni de acciones colectivas con una base étnica. Esto indica que son otras las causas, además de la presencia de la minoría y derivadas, por ejemplo, la forma de inserción residencial, social y cultural, las que juegan un papel crucial en la aparición de movilizaciones colectivas antigitanas.
 

Aunque normalmente se ha venido a dar como normal y representativa la situación de los gitanos en Madrid y, en menor medida, en Barcelona (ver San Román 1976, 1997; Fernández Enguita 1996; Gay Blasco 1999), curiosamente la situación de los gitanos en la periferia madrileña es, en muchos sentidos, especialmente convulsa y excepcional y sometida a presiones homogeneizadoras que limitan la manifestación de una variedad de acomodaciones y tradiciones mucho más visible cuando se estudian otros grupos de gitanos, por ejemplo, los gitanos andaluces, muchos de los cuales siguen viviendo en zonas rurales o en atrocidades (ver Gamella 1996, 2000a)

Recordemos a este respecto que Madrid y Barcelona son las principales receptoras de población gitana inmigrante, tanto de otras regiones (Extremadura y Andalucía, por ejemplo) como del extranjero, que ha de establecerse, al menos en un primer momento con gran frecuencia en condiciones de inserción espacial, laboral o social difíciles, lo que hace más probable el conflicto con los vecinos. Es decir, un sector más amplio de la minoría gitana que vive en Madrid es probable que lleve menos tiempo viviendo en esta ciudad que la población gitana que encontramos en ciudades y pueblos andaluces.
 

Tabla 3. Número de casos de conflicto étnico (acción y movilización colectiva) centrados en la minoría gitana en España, y aparecidos en el diario El País, 1976-2000 (N: 292). Casos y porcentajes por comunidad autónoma (subrayadas las provincias andaluzas)
 

4. Distribución por provincias

Como puede verse en la tabla 3 la distribución de los casos de nuestra muestra por provincias es peculiar. Seis provincias, Madrid, Barcelona, Valencia, Jaén, Lérida y Granada, concentran 6 de cada diez conflictos étnicos recogidos en la prensa nacional (58%); dos de ellas son andaluzas. En el caso de Granada, estos resultados no nos sorprenden, pues en esta provincia se dan seguramente las mayores concentraciones de población gitana de toda la Unión Europea y algunas de las más altas del mundo (ver Gamella 1996, 2000, Martín 1999). Pero en el caso de Madrid y Barcelona los motivos son otros y no se reducen a la gran importancia demográfica de la minoría, sino, seguramente, a su especial ubicación e inserción en la sociedad urbana más amplia.

Véase que en la provincia de Madrid se han dado la cuarta parte de las acciones y movilizaciones colectivas centradas en la minoría gitana en la era constitucional. En la de Barcelona, el 10 por ciento. Ya hemos explicado la especial situación de estas provincias que reúnen las principales ciudades del país y son las principales receptoras de la emigración regional, nacional e internacional de gitanos.

En Andalucía destaca también la provincia de Jaén, donde han ocurrido algunos de los casos más conocidos de enfrentamiento étnico hasta formar, en cierto sentido, una cierta pauta reiterada y casi «acostumbrada» de respuesta colectiva (ver Gamella y Río 1996). Entre los gitanos andaluces, no es de extrañar que esta provincia se conciba como especialmente hostil y «racista», lo que supone una exageración y un error atribucional; es decir, es un estereotipo que tiene una base, pero mínima y que incurre en la misma generalización y sobrerrepresentación de la que se acusa a tantas reacciones antigitanas.

La concentración espacial de los conflictos estudiados no se corresponde directamente con una mayor presencia gitana, sino con ciertas formas específicas de inserción social y cultural, ciertas tradiciones de reacción a la presencia gitana y ciertos casos coyunturales que, sin embargo, se erigen en modelo para sucesos posteriores. Esto es relevante a la hora de entender los procesos de exclusión social y cultural de la minoría: no son unánimes ni automáticos.

En Andalucía, por ejemplo, destaca sobremanera la provincia de Cádiz, donde el número de conflictos es mínimo, a pesar de la numerosa y continuada presencia gitana en muchos de sus pueblos y ciudades, desde la capital y Los Puertos (San Fernando y Puerto de Santa María) a Jerez, etc. Y conviene resaltar que ninguno de los problemas que se dan en otras zonas deja de tener su representación en esta provincia, que, no lo olvidemos, es una de las que ha presentado durante todos estos años niveles de desempleo estructural de los más altos de la OCDE.
 

5. Los motivos de los conflictos

Curiosamente, los motivos se concentran en torno a unos cuantos temas esenciales y sus repercusiones. Naturalmente, en casi todos los casos la acción colectiva tiene motivos y razones muy patentes y otras latentes y poco claras, incluido casi siempre el prejuicio y el error atribucional que generaliza a todos los miembros de un grupo las cualidades de algunos individuos muy señalados.

En algunos casos uno de los motivos es preponderante, en otros se combinan los motivos de forma compleja. Pero dentro de esa combinación de motivos patentes y latentes suele haber alguno dominante que desencadena la acción. El repaso de estos motivos dominantes o patentes para la acción colectiva centrada en la minoría gitana es crucial para entender los procesos de exclusión e integración a que se ve sometida la minoría.
 

En la tabla 4 se aprecia como ha habido un cambio también notable en los motivos de los conflictos, que guardan relación con aspectos estructurales y coyunturales de la situación de la minoría y sus procesos dominantes de exclusión.
 

5.1. Vivienda y espacio residencial: fuente de inserción en la comunidad local

Las acciones colectivas étnicas motivadas por competencias o luchas en defensa del espacio residencial y la vivienda son las más frecuentes en nuestra muestra. Una de cada tres acciones colectivas de nuestra muestra (34%) ha tenido como motivo primario o más patente el rechazo al realojamiento o asentamiento de familias identificadas étnicamente como gitanas en las proximidades de las viviendas de los protestantes. No se les quiere cerca. Se trata, por tanto, casi siempre de movilizaciones antigitanas, es decir, protagonizadas por miembros de la mayoría contra sectores o grupos de la minoría a los que se identifica de forma clara, aunque no exclusiva, como gitanos.

Este tipo de conflictos empiezan tras las elecciones de 1979 y el acceso de la izquierda al poder municipal. Irán ganando frecuencia e intensidad en los ochenta para alcanzar su máxima virulencia en 1991 y 1992 y cambiar de naturaleza a partir de 1995. Entonces el reasentamiento de la mayoría de los grupos gitanos más desplazados o necesitados se ha producido; pero está resultando en nuevos problemas derivados de una forma de «resegregación», ahora motivada por la acción oficial (ver Gamella 1996, Gamella y Sánchez Muros 1997, Río 1999) y que resulta especialmente dañina para muchas familias gitanas.

En nuestra muestra, los primeros conflictos por el espacio residencial aparecen en 1980 en zonas distantes de la geografía española como Segovia, Murcia, Cantabria o Madrid, y destacan por ser ya multitudinarias. Por ejemplo, en Alcantarilla (Murcia), cuatro mil vecinos se manifestaron violentamente, movidos por los rumores de concesión de casas a gitanos. Cortaron vías de comunicación, apedrearon a la policía local y a la Guardia Civil consiguiendo que se retirasen a la espera de refuerzos (ver El País, 9/7/1980). Unos meses más tarde, ocurrió otro conflicto en Vicálvaro, un pueblo incorporado a la periferia sudeste de Madrid, donde se había constituido en unos años un populoso poblado de chabolas precarias que, sin embargo, perdurará más de dos décadas en creciente confrontación con los habitantes de los barrios adyacentes (3).

Tras estos brotes iniciales que revelaban un fermento complejo y muy vivo que no siempre, sin embargo, llegaba a generar movilizaciones ni noticias, en 1984 se desatará una oleada de conflictos en respuesta a los esfuerzos coordinados de reasentamiento de poblaciones chabolistas (ahora casi exclusivamente gitanas) en diversas ciudades españolas. Destaca, por ejemplo, el conflicto del Polígono Actur o de San Gregorio en Zaragoza, y, en Andalucía, el de Los Bermejales de Sevilla. Desde este momento y hasta 1995 proliferarán los conflictos y movilizaciones contra el asentamiento de gitanos en numerosos barrios de pueblos y ciudades de toda España, desde Lérida a Sevilla, y, sobre todo, de Madrid. Con frecuencia estas movilizaciones se hallan insertas en ciclos prolongados de protesta y movilización, y a veces están muy organizadas y han derivado en choques con las fuerzas de orden público e incluso en brotes de violencia contra asentamientos gitanos vecinos.

Veamos algunos ejemplos ocurridos en Andalucía por orden cronológico. Primero un caso de movilización vecinal acaecido en octubre de 1984 en contra del asentamiento de Los Bermejales:
 

Protestas en Sevilla por la instalación de viviendas prefabricadas para familias gitanas. Vecinos de la barriada Elcano... protagonizaron diversas acciones... su protesta ante la intención municipal de instalar en unos terrenos cercanos 25 caracolas para albergar a otras tantas familias gitanas que habían sido rechazadas en el mes de agosto por el vecindario de otra barriada sevillana, la de Pino Montano. Durante el verano, los vecinos de esta última se manifestaron en varias ocasiones ante el ayuntamiento. Tras varios días de negociaciones se tomó la decisión de instalar seis viviendas prefabricadas en unos terrenos de Renfe, en la Chapina, y las 25 restantes, en Los Bermejales.

...El viernes un grupo de unos 400 vecinos procedieron a cortar el tráfico en la carretera Sevilla-Cádiz... El Ayuntamiento ha decretado la paralización momentánea de la instalación de caracolas. (El País, 7/10/84).

Véase que el rechazo vecinal se había producido ya en otra barriada sevillana, y que el resultado parece ser favorable a los movilizados, aunque sólo temporalmente, pues el asentamiento se producirá y generará algunos de los problemas que se preveían (ver, a este respecto, Anta 1993, Reig 1990).

A veces resulta incluso difícil saber cuál es el motivo real de la acción colectiva. Hay casos en los que un rumor sobre la presencia gitana para que se desate la lucha contra la presencia, en un tono que tiene mucho de «pánico moral» (Cohen 1972) o ilusión colectiva. Por ejemplo, el siguiente caso ocurrido en Olula del Río, un pueblo de Almería, es reflejo de estos temores a la mera presencia de algunos gitanos y gitanas:
 

Manifestación en una localidad almeriense contra la presencia de familias gitanas. Unas 200 personas participaron el pasado miércoles en una manifestación contra la presencia de familias gitanas en Olula del Río (Almería), localidad que cuenta con cerca de 4000 habitantes. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento... varios concejales de este grupo encabezaron la manifestación.

Tras irrumpir en el edificio municipal, los manifestantes entregaron una petición...

Los manifestantes argumentan en su escrito que «hay indicios de que las autoridades van a desplazar desde Cataluña a la provincia de Almería contingentes de personas». (El País, 2/11/1985).

Asombra el poder del rumor y el prejuicio. La mera posibilidad de recibir «gitanos» de fuera, más aún de Cataluña, moviliza con rapidez a numerosos vecinos. El carácter étnico de la movilización es claro, aunque sus motivos sean complejos y confusos.

Los conflictos motivados por la acción pública en favor de la vivienda de los gitanos son cada vez más motivo de acusación o censura en la lucha política partidista. Así, nuestra muestra recoge el «malestar en Izquierda Unida por el rechazo de militantes del Partido Comunista Andaluz del Palmete a ubicar a gitanos en su barrio» (ver El País, 7/4/1988).

Unos años después, pero todavía en el período de apogeo de la movilización antigitana en el ciclo considerado, tuvo lugar, de nuevo en una barriada sevillana, un caso de oposición vecinal a la reubicación de gitanos en la zona:
 

Vecinos de Torreblanca se oponen a la construcción de casas para chabolistas. Unos 200 vecinos de la barriada sevillana de Torreblanca rompieron ayer las vayas provisionales de la parcela donde se van a ubicar las viviendas para realojar a las familias que habitan los barracones e impidieron la entrada de las máquinas excavadoras. El segundo teniente de alcalde, el andalucista... acusó a militantes socialistas de estar detrás de las protestas y de «fomentar sentimientos racistas». (El País, 29/12/1992).

Al día siguiente los vecinos insisten en su movilización:

Unos 300 vecinos impiden al alcalde de Sevilla inaugurar las obras de unas casas para gitanos. La construcción de viviendas para alojar a las familias gitanas que habitan los barracones de la barriada sevillana de Torreblanca ha dividido a sus vecinos, que ayer impidieron que el alcalde, Alejandro Rojas-Marcos, colocara la primera piedra. Unas 300 personas se concentraron en la parcela donde van a edificarse las casas y, en medio de un gran despliegue policial, increparon al alcalde, al que responsabilizaron del deterioro social del barrio. Rojas-Marcos, que acusó al PSOE de manipular a los vecinos «a través del racismo», ha asegurado que las viviendas se levantarán? «No somos racistas, pero no queremos droga», gritaban, indignados por la presencia de agentes antidisturbios. «Aquí sólo venís a sacar votos, nos habéis engañado», decían. Frases como «queremos zonas verdes, no otras 3000 viviendas» o «que metan a esas familias en cada bloque de Los Remedios» (un barrio de clase acomodada de Sevilla) fueron repetidas a lo largo de la mañana... (El País, 30/12/1992).

Esta movilización ocurrió en el momento en que proliferaban por toda España las protestas en contra del «realojamiento» de poblaciones chabolistas identificadas mayormente como gitanas y que se asociaban con un modo de vida incompatible con la definición mayoritaria de lo deseable. La queja más reiterada, aparte de la degradación ambiental y urbanística que se asociaba con estos asentamientos (véase que en el caso de Torreblanca se oponen a «zonas verdes»), es la vinculación de los poblados gitanos con el tráfico de heroína y cocaína; algunos llegaron a bautizarlo con precisión matemática: «El binomio gitanos= drogas».

Hoy se ve como estas formas de movilización «popular» se han visto frenadas por la «solución» que se ha dado a ciertas formas de «chabolismo» e infravivienda con clara tonalidad étnica. Ahora surgen otros problemas, los derivados de haber «realojado» mal a los gitanos, a veces, en basureros, como en Valdemingómez en Madrid, o en Los Asperones, Málaga (ver Anta 1993), o en zonas y maneras que están creando formas de segregación y exclusión que hacen mucho más difícil la inserción educativa, laboral y social de amplios sectores de la minoría.

En suma, las luchas por la vivienda o por la defensa de un espacio residencial que se ha percibido como amenazado por el «realojo» de ciertos grupos gitanos ha sido el motivo más frecuente de las movilizaciones producidas en este período. Este fenómeno es reflejo de profundos prejuicios etnicistas, pero también de una respuesta vecinal espontánea a una forma de responder a los problemas de la infravivienda o el chabolismo que a menudo no estaba bien planteada por la administración y que no tenía en cuenta ni los cálculos o deseos de la mayoría ni los de la minoría. Recuérdese al respecto el gran número de edificios y enclaves construidos ad hoc y que tras menos de dos décadas de existencia hoy se están derribando y abandonando. En muchos casos, estos enclaves han reproducido, acentuado e incluso renovado procesos de segregación étnica que resultaban contrarios a la convivencia intercultural y al propio futuro de la minoría gitana.
 

5.2. Violencia, enfrentamientos directos

Es también muy frecuente que la acción colectiva surja como reacción a un acto violento del que se culpa a los gitanos y que parece, a ojos mayoritarios, confirmar el peligro que la minoría representa, intentando entonces conjurarlo o desvanecerlo mediante la exigencia de la expulsión o la denuncia de las autoridades por su incapacidad para impedirlo.

Este tipo de conflictos motivados por la agresión (real, pero también supuesta) de payos a gitanos y viceversa ocupan el segundo lugar en nuestra muestra por frecuencia. Más del quinto de todos los casos (22,3%) se derivan de choques, roces, peleas o agresiones más o menos importantes entre individuos o grupos que se perciben como étnicamente diferentes. Estos choques se encrespan y escalan, provocando la movilización y la acción colectiva, a veces en forma de ataque o enfrentamiento contra familias o incluso asentamientos enteros.

Uno de los casos más graves tuvo lugar en Martos en el verano de 1986 cuando un grupo de vecinos incendió más de dos docenas de viviendas ocupadas por familias gitanas que se vieron así expulsadas del pueblo (4). En el diario analizado, la noticia apareció así:
 

Vecinos de Martos incendian 30 viviendas de familias gitanas. Unos 200 vecinos de Martos, localidad de la provincia de Jaén con más de 20.000 habitantes, rociaron con gasolina e incendiaron, sobre las 23.30 del sábado, 30 viviendas de otras tantas familias gitanas ubicadas en la paupérrima barriada de Cerro Bajo de esa localidad. Los hechos, calificados por el gobernador civil como «vandálicos», se produjeron a raíz de que el joven payo Francisco Expósito fuera agredido en una plaza de la ciudad... por un gitano... aparentemente en estado de embriaguez... (El País, 14/7/1986).

El hecho desencadenante, en ese caso, fue más bien insignificante, pero se interpretó en una secuencia prolongada de incidentes y un clima de enfrentamiento previo (ver Gamella y Río 1996; Gamella et al. 2000).

A veces el rechazo por la violencia dura décadas, como en el caso de Torredelcampo, donde un nutrido grupo de vecinos impidió que los hijos de un homicida volvieran al que había sido su pueblo:
 

Conflictos raciales. Un centenar de vecinos de la localidad jienense de Torre del Campo (sic) impidió el pasado sábado a un grupo de 11 gitanos que ocuparan la vivienda que habían adquirido. Los gitanos pretendían instalarse en ella una vez que regresaron de Barcelona, ciudad a la que marcharon tras dar muerte al (sic) padre de uno de ellos, hace ya 20 años, a un agricultor de la localidad. (El País, 2/9/1991).

Son muchos los casos, no obstante, donde los sucesos han tomado otro cariz, derivando en protestas o denuncias y no en enfrentamientos directos entre sectores de la minoría y la mayoría. Por ejemplo, véase este caso ocurrió en la comarca de La Vega de Granada en 1986:
 

Cierre de comercios en Fuente Vaqueros tras un enfrentamiento con una familia gitana. La totalidad de los bares y comercios de la localidad granadina de Fuente Vaqueros, de unos 3.700 habitantes, cerró ayer en protesta por una serie de robos, agresiones y amenazas imputados a una familia gitana. Uno de sus miembros, J.M.F.A., fue detenido hace unos días por la Guardia Civil, acusado de agredir al dueño de una discoteca que se negó a servir «gratuitamente» varias consumiciones...

Sin embargo, la comunidad gitana de Fuente Vaqueros está completamente integrada, salvo este caso... De hecho, en una nota publicada por una denominada comisión de bares y comercios en la que se llamaba al paro laboral, se acusa de las tropelías «a un reducido grupo de delincuentes», sin especificar su ascendencia étnica. (El País, 19/11/1986).

Los episodios que nacen de hechos violentos se repiten con frecuencia y siguen siendo un crucial motivo de movilización antigitana. Por ejemplo, nuestra muestra recoge la movilización popular acaecida recientemente en Alcalá de Guadaira, Sevilla, a consecuencia de una reyerta entre una familia paya y otra gitana en la que resultó muerto un muchacho de 19 años y heridos su padre y su hermano. Tras el entierro del joven, un grupo de vecinos se manifestó de forma espontánea frente al Ayuntamiento exigiendo más control policial en el barrio, llegando a alcanzarse una gran tensión en ciertos momentos. El diario, de forma algo sensacionalista, proclamaba en su titular que: «los vecinos sienten miedo y guardan silencio tras el apuñalamiento...» (ver El País, 1/9/1999).

En Andalucía, por tanto, este tipo de conflicto con claros tintes étnicos ha sido relativamente frecuente en el período estudiado, provocando numerosas movilizaciones y enfrentamientos, a veces tan violentos que han provocado la huida o la expulsión de un importante sector de la minoría gitana local (ver Gamella et al. 2000, Gamella y Río 1996). Así, en Alcaudete, un joven guarda rural hirió a un joven gitano de un balazo en la pierna cuando éste recogía aceituna en compañía de dos hermanos. Su arresto provocó una intensa movilización vecinal a su favor que se interpretó como antigitana por otros sectores implicados:
 

Detenido un guarda rural por disparar a un joven que rebuscaba aceituna. (...) El suceso se produjo en la tarde del lunes cuando Luis F., en compañía de sus dos hermanos, rebuscaban aceituna con autorización oficial, según el permiso que su padre mostró ayer al alcalde...

(...) cuando el guarda rural les observó y les pidió que dejaran la aceituna que habían recogido. Tras una discusión... disparó con su carabina primero al aire y después hirió al joven gitano... El juez... ordenó la detención del guarda... (El País, 26/2/1987).
 

Protesta vecinal en un pueblo de Jaén en apoyo del guarda que disparó a un gitano. (...) Fuerzas de la Policía Nacional disolvieron a las diez de la mañana de ayer con botes de humo y pelotas de goma a unos 500 vecinos que se encontraban concentrados en la plaza de Ayuntamiento para pedir la libertad del guarda rural. Comercios, bares y escuelas cerraron sus puertas durante todo el día... Las versiones sobre los hechos son contradictorias. Una apunta a que se trata de un homicidio frustrado, mientras que otra sostiene que sólo se trata de un acto de legítima defensa... Durante toda la mañana de ayer se vivió en Alcaudete, que cuenta con 12.000 habitantes, de los que unos 600 son gitanos, un clima de evidente tensión. La concentración de unos 500 vecinos fue dispersada ayer por fuerzas de la Policía Nacional que, según algunos testigos, actuaron con gran violencia. (El País, 28/2/1987).

Véase que no siempre, contrariamente a lo que se cree, son gitanos los agresores o victimarios. La violencia ha venido a menudo también de individuos payos en circunstancias muy diversas, unas accidentales y otras premeditadas. En este caso se trata de un hecho desafortunado que se interpreta de forma contradictoria por ambas partes que tienden a alinearse a ambos lados de la frontera étnica. Lo que importa aquí es la movilización colectiva de esos centenares de vecinos que se enfrentan a la policía en defensa de una de las partes.
 

5.3. Escolarización, acceso a los recursos educativos públicos

También son muy frecuentes los conflictos en torno a la incorporación de niños gitanos a los centros públicos (o subvencionados) de enseñanza, casi siempre primaria. Uno de cada ocho casos de los recogidos en nuestra muestra (12,4%) se ha producido directamente en relación a este ámbito escolar. Algunos de esos casos han involucrado numerosos episodios y la movilización se ha prolongado durante semanas o incluso meses. Por eso, si estableciéramos otro sistema de codificación que separase cada episodio, los conflictos en torno a la escolarización de los niños gitanos pasarían a ocupar un lugar preferente junto con aquellos que giran en torno a la vivienda y el espacio residencial (5).

Superada la etapa de las «escuelas puente», donde los niños gitanos eran teóricamente preparados para su final integración en el sistema escolar generalizado y obligatorio, los niños gitanos se han ido integrando, con múltiples vaivenes marcados por un elevado absentismo y un alto fracaso escolar (ver Esteban 1990, ASGG 1994, Fresno 1994, Fernández Enguita 1996, Gamella 1996) al sistema escolar mayoritario. Esa incorporación ha sido fuente casi constante de roces, enfrentamientos, discriminaciones interpersonales y, también, de acciones colectivas étnicas.

La escuela es ámbito primario para los padres más volcados en el cuidado y el futuro de sus hijos y en la familia «centrada en los hijos» que predomina en las sociedades presentes de Europa occidental (ver Segalen 1986). El éxito escolar se ve como un crucial elemento de movilidad social ascendente y su búsqueda es un elemento crucial de preocupación para la mayoría de los padres españoles de hoy.

La presencia de alumnos y alumnas que se definen como «indeseables» porque unen a su condición de revoltosos, o difíciles o necesitados de atención especial, la de gitanos, es un elemento que dispara con facilidad la acción de los padres (sobre todo de las madres) de algunos alumnos. Sorprende, de nuevo, la capacidad de movilización y solidaridad reactiva que provoca la alusión a la «gitaneidad» del problema. Como ejemplos de casos ocurridos en Andalucía, podemos citar el acaecido en un colegio de la barriada malagueña de Campanillas, donde los padres de unos 800 alumnos mantuvieron durante más de un mes vacío el colegio para oponerse a la incorporación de una docena de niños gitanos que provenían de un poblado cercano. El diario recogía así la noticia:
 

Padres de alumnos cortaron los accesos con cadenas. Paralizado un colegio en Málaga para impedir que asistan a clase 14 niños de un poblado marginal. Los 800 alumnos del colegio... de la barriada malagueña de Campanillas, llevan 10 días sin asistir a clase al impedírselo sus padres, para tratar de evitar así la escolarización en el centro de 14 niños, de entre cuatro y 12 años de edad, vecinos del poblado marginal de Los Asperones... los padres han mantenido las puertas del colegio cerradas con cadenas, se concentraron junto a ellas y cortaron la carretera para mostrar su disconformidad con la escolarización de los niños, seis de ellos gitanos... El motivo que alegan es la masificación del centro, problema que existe realmente dado que de las 16 unidades iniciales se ha pasado a 31, algunas de ellas habilitadas en los laboratorios, en la biblioteca y en el comedor... las madres quisieron dejar claro que no era un problema racial, sino de saturación del centro, a pesar de que 14 niños más, repartidos entre 31 unidades no agravaría mucho más la situación... Ayer por la mañana, los servicios operativos municipales cortaron las cadenas puestas por los padres hace 10 días... (El País, 5/10/1989).

Más de un mes después, el conflicto continuaba:

El conflicto en un colegio de Málaga comenzó hace mes y medio.Los padres de 800 escolares impiden a sus hijos ir a clase con 14 niños de un poblado. Los 800 alumnos del colegio José Calderón Púa de la barriada malagueña de Campanillas, llevan ya mes y medio sin asistir a clase por impedírselo sus padres, que se oponen tajantemente a la escolarización en el centro de 14 niños... (El País, 9/11/1989).

Véase en este caso como padres, que apenas se movilizan en contra de los déficits permanentes en la escolarización de sus hijos, lo hacen de forma decidida, airada y ejecutiva cuando aparecen esos «otros» niños que les parecen una amenaza mayor para la formación de sus hijos que ese hacinamiento escolar que han soportado durante varios cursos. Vemos aquí la potencia movilizadora del prejuicio étnico que se activa en ciertos casos de forma sorprendente. Que el fenómeno no es excepcional se aprecia en la reiteración de casos en casi todas las provincias andaluzas y en muchas otras de toda España donde abundan los escolares gitanos. Así, al curso siguiente, otro caso salta a la prensa en Andújar, Jaén. Así daba El País la noticia:
 

Niños bajo sospecha. Los padres de los alumnos de un colegio de Andújar rechazan a cinco chavales por «conflictivos». Padres de más de 500 alumnos que no permiten que sus niños vayan al colegio. Una acción contra niños que no se quiere identificar como gitanos, pero lo son. Y la sospecha que provocan, infundada, excesiva, es difícil que la provocasen niños payos. (...) Desde el pasado jueves, un nutrido grupo de padres boicotea la escolarización en el centro de cinco niños gitanos, entre 8 y 12 años, que nunca habían pisado un colegio. «No hay ni una pizca de racismo» alegan los padres. El centro tiene un 25% de escolares de etnia gitana y nunca antes habían surgido problemas de este tipo. Los profesores dicen que los niños no tienen un comportamiento conflictivo, simplemente «han roto los esquemas del centro»

(...) Presas de indignación, las madres aseguran que los cinco niños gitanos, para los que piden la expulsión o el traslado, son delincuentes y dan mal ejemplo a sus compañeros. Les acusan de distribuir drogas, intimidar a sus hijos y sembrar el patio escolar de jeringuillas... La maestra... niega... que sus alumnos tengan una actitud agresiva. «Se comportan de una manera normal si se tiene en cuenta que jamás habían sido sometidos a ninguna disciplina; es imposible mantenerlos cinco horas quietos; pero demuestran mucho interés por aprender»... la concejala de Bienestar Social... que opina que los niños gitanos son víctimas del repudio de los vecinos hacia la droga y la miseria. «Se les identifica con la delincuencia porque nadie quiere la pobreza a su lado, pero ellos son niños y no son culpables de lo que hagan sus padres»... en Andújar, donde se calcula una población de 2.000 personas de raza gitana, existen familias de esta etnia desde el siglo XVIII... el detonante del conflicto fue el traslado de los cinco niños dentro de las mismas dependencias del colegio. «Como no conocían la infraestructura del centro», explica el director... «se metieron en los servicios destinados a los alumnos de preescolar. Un profesor se dirigió a ellos, algunos padres vieron la escena, y a partir de ahí empezó a correr el bulo de que estaban escondiendo droga y otros rumores sin fundamento». (El País, 21/11/1990).

En este caso, vemos cómo han confluido a lo largo de una década dos motivos en principio independientes: el rechazo a la presencia en el entorno escolar de ciertos niños gitanos y el miedo a problemas como la suciedad, la delincuencia o el «mal de la droga» que se asocian de forma automática con los gitanos, o con los gitanos residentes en ciertos enclaves, a veces de forma tan injustificada como absurda. Estos ejemplos de errores atribucionales y generalizaciones desproporcionadas son muy comunes en las raíces de la acción colectiva antigitana y también de la desconfianza y el rencor de muchos gitanos que los han sufrido desde niños.
 

5.4. Inseguridad: temor a la delincuencia que se atribuye a los gitanos

Ese valor tan aireado, la «seguridad» de los ciudadanos, expresada sobre todo en la defensa de la propiedad, aunque también de la integridad física frente al robo o la agresión, ha sido una de las principales fuentes de rechazo contra los gitanos. Los episodios de acción colectiva por esta causa siguen representando la mayoría de las acciones étnicas colectivas. Si atendiéramos a este criterio, concluiríamos que los gitanos se ven mayoritariamente como amenaza y fuente de «inseguridad» y a menudo se exige a las administraciones públicas protección contra ellos. Hemos visto varios casos de protestas vecinales motivadas por estas percepciones y actitudes de peligro y sospecha que se identifica con algunos gitanos.
 

5.5. El rechazo del comercio o consumo de drogas ilegales, que se asocia con ciertos grupos gitanos

La «inseguridad» y delincuencia que algunos asocian con la presencia de los gitanos o de algunos gitanos ha encontrado una fuerza renovada en la España democrática. Desde finales de los setenta se extendió por toda España una forma de policonsumo intensivo y crónico de drogas centrada en la heroína como droga axial. Esto produjo una expansión exponencial del consumo compulsivo y crónico de heroína, sobre todo por vía intravenosa y posteriormente por vía pulmonar que, junto con una específica representación y respuesta social, produjo lo que hemos llamado una «crisis de drogas», un fenómeno que tiende a reiterarse en muchas sociedades modernas (ver Gamella 2002, 1997).

Algunos sectores de la minoría gitana se han visto involucrados en este problema de forma grave y múltiple, especialmente en relación al comercio al por menor de heroína. En muchas zonas periurbanas, grupos de chabolas o de viviendas deterioradas, pero también bloques o incluso calles enteras se han convertido en focos donde prolifera la venta y, de ahí, el consumo callejero, con todas sus dramáticas y amenazadoras consecuencias. Se ha producido, en suma, una concentración muy visible del problema que ha adquirido un claro carácter étnico. La asociación de los gitanos, o de algunos gitanos, con «la droga» ha sido, en los últimos veinte años, un leitmotiv de las relaciones étnicas en España.

Para muchos ciudadanos, donde hay gitanos, hay droga. Donde hay droga, «yonquis» comprando, esperando o «poniéndose», esto es, pinchándose con sus jeringuillas y sus agujas, o fumando sus «chinos». Esta representación social, tan injusta por generalizada, ha generado una nueva fuente de «inseguridad», masivamente asociada a los gitanos por la mayoría, que deriva de la pretendida vinculación de los gitanos con el comercio (y en menor medida el consumo) de drogas ilegales, sobre todo de heroína, pero también de cocaína y derivados del cáñamo. Este nuevo motivo, surgido sobre todo en los ochenta, tiene muchas ramificaciones y requiere un tratamiento más amplio y detallado. Baste apuntar aquí que culmina en 1991 y 1992, para ir decreciendo lentamente en los años siguientes, pero sin desaparecer ni siquiera a final del siglo.

El problema de la «droga», con toda su carga ideológica y simbólica, ha producido casos de enfrentamiento variados y en ocasiones con protagonistas inesperados (6). El momento culminante de las movilizaciones contra «la droga» cuyos males en parte se asociaban con la presencia de gitanos se produjo en el otoño de 1991, cuando se produjeron decenas de manifestaciones, protestas y hasta patrullas armadas que recorrieron los barrios afectados llegando en ocasiones a atacar a supuestos «drogadictos» y, en menor medida, algunas viviendas donde se suponía tenía lugar el comercio de heroína y cocaína. El carácter «antigitano» de las movilizaciones sólo en algunos casos se definía explícitamente. Pero en todas las regiones españolas había entonces ganado terreno la identificación de la presencia de ciertos asentamientos de gitanos con los problemas «que trae la droga». Esta asociación era a menudo explícita. Recordemos que a finales de octubre de este año, cuando se debatía en el Parlamento la popularmente conocida como «ley Corcuera», el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, afirmó en el Senado que los gitanos dominaban el 70 por ciento del menudeo de heroína en España. En nuestra muestra se recoge así esta noticia:
 

Vera dice que los gitanos controlan el 70% del tráfico de heroína en España. (...) Rafael Vera aludió a la situación de la siguiente forma: «No es totalmente acertado vincular estos fenómenos que se han vivido en algunas ciudades con movimientos xenófobos. Hay que tener en cuenta que el 70% de las redes de distribución de heroína está en manos de la raza gitana». (...) El secretario de Estado destacó que el tema de la droga ha supuesto en muchos casos que se cuestione la autoridad de los patriarcas gitanos, máxima jerarquía del colectivo, con lo que ello conlleva de pérdida de credibilidad dentro de su sistema de organización social. (El País, 26/10/1991).

Y en medio de esta «orgía» movilizadora contra «drogadictos» y «camellos», la mayoría de estos últimos, gitanos, se produjo un caso de enfrentamiento grave en un pueblo de Almería que ilustra este tipo de conflictos en nuestra muestra. En Adra, un numeroso grupo de vecinos enfurecidos quemó la casa de una familia gitana a la que se responsabilizaba del problema «de la droga» en su vertiente local. Además de la importancia de este nuevo motivo para la movilización antigitana en España, el caso ilustra también la extensión del problema a zonas rurales y a localidades medias e incluso pequeñas. Ni la heroinomanía ni el rechazo que ha generado contra algunos o muchos gitanos han sido sólo fenómenos urbanos.
 

Vecinos de un pueblo de Almería apedrean y queman la casa de un gitano. Unos 600 vecinos de Adra (Almería) se concentraron en la noche del martes frente a la vivienda de J.A.F.C., un gitano de 42 años, al que insultaron y trataron de agredir por considerarle uno de los principales traficantes de droga del pueblo. Los escasos efectivos de la policía local y de la Guardia Civil desplazados al lugar no pudieron evitar que los manifestantes más exaltados le prendieran fuego a la vivienda después de apedrearla. (...) la policía logró sacar de la vivienda a J. A. F., la única persona que se encontraba en la casa. F.C. salió recientemente de la prisión de Almería, donde cumplió condena de un año por tráfico de drogas... Anoche, unas 1.000 personas volvieron a manifestarse en Adra para protestar contra el tráfico de droga. La policía disolvió la protesta y, según la Policía Local, un agente y un vecino resultaron heridos. Los manifestantes cortaron la N-340 (Barcelona-Cádiz) e intentaron apedrear la casa de un presunto traficante (...) Un portavoz de la Guardia Civil de Adra aseguró que el problema del narcotráfico en el pueblo no es más grave que en cualquier otro lugar aunque «es verdad que la gente está muy sensibilizada porque dos o tres chicos ha muerto por sobredosis en los últimos meses.» (...) Los vecinos... han creado la asociación Vida, que durante este año ha llevado a cabo las mayores manifestaciones registradas en la provincia contra el narcotráfico. El párroco de la localidad, M.M., ha llegado a dirigir un escrito a sus superiores eclesiásticos solicitando la excomunión «para los cristianos que se enriquecen con el tráfico de drogas» (El País, 10/10/1991).

A los pocos días, se convoca una huelga general en el pueblo que fue secundada por una mayoría de vecinos:

El 15 de octubre, martes, los 21.000 habitantes de Adra secundaron masivamente una huelga general contra el tráfico de drogas. Convocado por la Asociación Vida, una coordinadora local de «lucha contra la droga».

«Unos 8.000 vecinos se concentraron a las once de la mañana en la plaza del Ayuntamiento para participar en una manifestación de protesta...» (El País, 16/10/91).

Conviene apuntar que este caso reitera en algunos sentidos los sucesos acaecidos en otras localidades andaluzas como los de Torredonjimeno en 1984, y sobre todo los de Mancha Real, ocurridos apenas unos meses antes y que pudieron haberse convertido en una pauta común de acción colectiva en varias zonas andaluzas (ver Gamella et al. 2000).

Vemos que también en Andalucía se ha reiterado la identificación de gitanos con drogas, que ha provocado a veces intensas movilizaciones vecinales y ha frenado o anulado muchas formas y oportunidades de integración social de la minoría.
 

5.6. Competencia por el empleo, discriminación laboral

Curiosamente, en el ciclo de ascenso de los conflictos étnicos con la minoría gitana que venimos analizando, los casos que conciernen a disputas por el trabajo o los subsidios por desempleo son muy poco frecuentes; apenas llegan a ser el 3 por ciento de nuestra muestra; menos de diez casos en un cuarto de siglo (ver tabla 4).

Es posible que se dé aquí un fenómeno de infrarrepresentación, pues los periodistas y las redacciones pueden sentir que los casos de discriminación o segregación laboral no son tan dramáticos y dignos de atención como los que conciernen a niños a quienes se rechaza en la escuela. Pero incluso contando con el menor interés mediático que pueda concederse a los conflictos laborales, creemos que este resultado es un índice de la menor incidencia de la competencia étnica por el trabajo en España, al menos en relación a la minoría gitana. También, de la mucho menor capacidad de movilización, pero también de denuncia, que prevalece en este terreno de las relaciones étnicas.

Algunos casos sí que llegan a publicarse, como, por ejemplo, el ocurrido con jornaleros de Tiena (Granada) en la campaña de la aceituna a finales de 1993. Un grupo de jornaleros payos del pueblo se enfrentó a otro grupo menor de jornaleros gitanos, a los que consiguió expulsar de la campaña acusándoles de ser «forasteros» y quererles robar el trabajo. La noticia apareció en la prensa provincial, siguiendo reacciones de diversos actores implicados en los días sucesivos (ver Ideal de Granada: 18/12/1993) (7).

Recordemos, no obstante, que la competencia por el trabajo en forma de lucha por empleos o movilizaciones para excluir o integrar a grupos étnicamente definidos en ciertos sectores del mercado laboral son quizá los elementos más ampliamente considerados en las teorías sobre el conflicto (ver, por ejemplo, Olzak 1992; Wolpe 1976, 1970).
 

5.7. Racismo y etnicismo manifiesto: discriminaciones públicas y privadas

Un motivo creciente para la acción colectiva en estos años es la denuncia de casos de etnicismo o racismo, sobre todo en su dimensión conductual, esto es, no sólo de prejuicios o doctrinas, sino sobre todo de sucesos de discriminación o de injuria o violencia simbólica que llegan a conocerse por su carácter colectivo y público (Wieviorka 1992).

Este tipo de casos ya se producían en los últimos años setenta, pero han ganado en consistencia, repercusión y credibilidad. En nuestro análisis las hemos dividido en aquellas denuncias que concernían sobre todo a instituciones o agentes oficiales o «públicos» en el desempeño de sus funciones, como policías, alcaldes o responsables urbanísticos, y aquellos casos que concernían a la acción de ciudadanos privados que actuaban de forma individual o colectiva. Una gran parte de las denuncias son realizadas por asociaciones no definidas étnicamente, sino llevadas por principios y valores igualitarios, como ésta que tuvo lugar en un pueblo granadino en un tipo de discriminación de la que se han producido varios casos concerniendo piscinas, bares, discotecas, etc., donde los gitanos son rechazados o señalados de alguna manera:
 

Rechazo en piscinas. Una asociación de vecinos de Atarfe (Granada) ha denunciado públicamente que una de las piscinas del pueblo cobra el doble del precio de la entrada a los gitanos que a los payos, lo que constituye un «claro caso de discriminación racial». La asociación está dispuesta a ir a los tribunales. (El País, 29/6/1989).

Paulatinamente, la mayor parte de las denuncias por discriminación correrá a cargo de las asociaciones gitanas, cada vez más activas desde la segunda mitad de los ochenta. Destaca entre ellas por su intensa actividad Presencia Gitana, primero, y después las federaciones de ámbito estatal (como Unión Romaní) o regional, como la andaluza FARA, creada en 1988.

Un tipo frecuente de denuncias conciernen a las diversas fuerzas policiales que operan en todo el Estado, sean municipales, autonómicas o nacionales (8). Además de las fuerzas policiales, las autoridades locales son a menudo objeto de denuncias por sus acciones, supuestamente ilegales, contra los gitanos. Entre los casos que recoge nuestra muestra aparecen varios que implican a autoridades locales andaluzas. Por ejemplo, causaron cierto revuelo las denuncias de ciertos ayuntamientos que, al parecer, se negaban a empadronar a algunas familias gitanas recientemente instaladas en el pueblo. El diario El País daba la noticia:
 

El Ayuntamiento granadino de Atarfe rechaza empadronar a ciudadanos de «procedencia dudosa». (...) Las asociaciones gitanas de la provincia interpretan que implícitamente el acuerdo se refiere a su comunidad. Atarfe tiene una población de unos 10.000 habitantes, de los que algo más de 1.000 son gitanos... Días después de la aprobación del acuerdo, el teniente de alcalde... que pertenece al grupo independiente, declaró... que el acuerdo afecta principalmente a personas gitanas y que el origen de la moción son las noticias difundidas en la Prensa según las cuales el Ayuntamiento de Barcelona iba a proceder a enviar mendigos a otras provincias para mejorar la imagen de la ciudad durante los Juegos Olímpicos... (El País, 13/9/1989).

Este tipo de denuncias contra autoridades locales aumentará de forma generalizada en el último período del ciclo considerado, el que se abre a partir de 1995 (9). Se trata, quizá, de un índice de la mayor implicación y densidad de la red de instituciones y organizaciones, gubernamentales o no (como los defensores del pueblo) implicadas en la promoción de los gitanos y la defensa de los derechos ciudadanos. En estas condiciones, la exclusión social subsiste, pero adquiere otro cariz que el del hambre o el desprecio y la caridad de la posguerra.

Respecto al segundo tipo de denuncias, aquellas que conciernen a conductas de ciudadanos que actúan privada o incluso anónimamente, son relativamente frecuentes. Tras estas conductas racistas o discriminatorias se ocultan a menudo varios de los motivos reseñados anteriormente, como el rechazo a la violencia, la inseguridad o la venta de drogas que se asocia con los gitanos de forma más o menos indiscriminada. Para poner un ejemplo que ilustra esta categoría, señalemos el ocurrido en Mijas, Málaga, donde el Ayuntamiento fracasó en su empeño de que algún vecino alquilase una casa a alguna de las familias gitanas que malvivían en unos barracones que fueron desahuciados. El diario consultado recogía así el caso:
 

Los vecinos de Mijas se niegan a alquilar viviendas a familias gitanas. El Ayuntamiento... hace algunos meses dictó un bando para que todos los propietarios interesados en arrendar sus viviendas se pusieran en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales... «Vienen, pero cuando les informamos que se destinarán a personas de etnia gitana, se niegan a alquilarlas, a pesar de que el municipio asume el pago». El concejal responsable... justificó así que la corporación, presidida por el socialista? no haya dado todavía un techo a dos familias gitanas que cuentan con 10 niños en total... (El País, 17/01/1996).

Se trata, como vemos, de un caso de discriminación que se hace pública por la propia autoridad para defender su postura. Quedan malparados los vecinos, pero el Ayuntamiento intenta limitar su papel al de simple transmisor de la opinión del «pueblo». El papel de las autoridades locales fue también denunciado, pues derribaron las chabolas y barracones donde se alojaban las familias gitanas en condiciones terribles sin haber posteriormente resuelto el problema de su realojo. Reiteramos, por tanto, que en la mayoría de los casos aparece más de un tipo de acción colectiva y más de un motivo desencadenante fundidos o seguidos.

Las denuncias públicas de actos discriminatorios contra los gitanos representan un importante sector de todas las acciones colectivas recogidas en nuestra muestra. Es notable su aumento sobre todo en la última fase del ciclo estudiado, lo que es un indicio más del cambio en la naturaleza de los conflictos a lo largo del último cuarto de siglo.
 

Discusión de resultados

1. De la segregación a la ciudadanía, pasando por el conflicto étnico

El hallazgo de que ha habido un rápido aumento de los conflictos en la España democrática y que su distribución ha seguido una forma de oleada o marea resulta contrario a las expectativas de la mayoría de los actores implicados y especialmente a las convicciones de las autoridades y expertos que diseñan las políticas públicas, sobre todo porque ha coincidido con una época de creciente participación de la minoría en los beneficios del Estado del Bienestar y de una lucha contra su exclusión en ámbitos como la vivienda, la asistencia sanitaria, la enseñanza y los subsidios por desempleo o jubilación.

En otros trabajos hemos sostenido que uno de los efectos más notables del cambio en el modelo de Estado sobre el sistema de relaciones étnicas predominante ha sido el incrementar el contacto en ámbitos en los que los gitanos estaban excluidos a través de un sistema de segregación multidimensional que servía para mantener a distancia a la minoría y disminuía las posibilidades de conflicto (Gamella 1996, Gamella y Sánchez Muros 1998). El aumento de las acciones colectivas no puede desligarse por tanto de los nuevos frentes de exigencia, choque y competencia que, fruto de esos procesos de cambio en el sistema de relaciones étnicas, han aparecido en las últimas décadas en el nuevo marco político (ver Río 1999).

Se podría pensar que el incremento de los conflictos con la minoría gitana se explica en gran medida por el papel, hoy dominante, de la competencia por recursos como la vivienda y la protección del espacio residencial y, en menor medida, la educación. Pero esta explicación es sólo parcial. El análisis presentado en este trabajo muestra con claridad que el contacto y la competencia han de integrarse en una serie de factores más amplia y atender a sus complejas interacciones en cada localidad. De hecho, la mayor parte de los casos analizados no están relacionados con la competencia directa por recursos, sino con disputas puntuales que se agravan por una multiplicidad de motivos tras meses e incluso años de rencores, malentendidos y prejuicios acumulados. Recordemos que, además de aumentar los episodios de conflicto, ha cambiado su naturaleza, tanto en lo que se refiere a las razones del enfrentamiento colectivo, como a los actores que intervienen y al carácter del conflicto en cuanto a su presentación, resolución o arbitraje y a las formas de amplificación por los medios de comunicación, así como a las consecuencias que tienen estos conflictos para las relaciones mutuas y la propia situación en el terreno social común de unos y otros grupos.
 

2. Conflicto étnico y exclusión social

¿Qué nos dice este ciclo de acción colectiva y conflicto étnico sobre la inserción o exclusión social de los gitanos en España? Primero, que el aumento del contacto interétnico propiciado por la democracia, el acceso a los gitanos a una ciudadanía de pleno derecho y una mayor porción de los recursos del Estado del bienestar han generado un cambio en las relaciones étnicas con un aumento y una transformación de los conflictos étnicos. El fin de un sistema "tradicional" de relaciones parece haber facilitado un cierto aumento de los conflictos colectivos de carácter étnico, de los que nuestra muestra es un índice relativo e incompleto, pero ilustrativo. Este aumento parece haber alcanzado un máximo en los primeros años noventa y haberse reducido en los años sucesivos, aunque esta reducción no debe tomarse en absoluto como definitiva.

Nuestro análisis, sin embargo, muestra también que la relación entre el aumento de los conflictos y el incremento del contacto y la competencia interétnica dista mucho de ser automática o directa y se ve mediada por muchos factores intermedios que es necesario investigar cuidadosamente. Así, en zonas donde el contacto es más antiguo, intenso y multidimensional como en el caso de muchas comarcas andaluzas (véase, el caso de Cádiz), las acciones colectivas antigitanas han sido menores. Por otra parte, en zonas donde la intervención pública y la redistribución de recursos, por ejemplo en vivienda, ha sido más intensa, la llegada de familias gitanas a barrios o incluso a bloques de vecinos no gitanos no ha generado ni mucho menos el rechazo que muchos esperaban. No ha sido el mero contacto interétnico, sino las formas y sustancias que ha presentado en cada caso las que han condicionado el carácter de la inserción y la aparición, o no, de conflictos étnicos de importancia.

Este aumento y disminución de los conflictos indica la heterogeneidad de la minoría gitana española y, más aún, de los procesos de inserción y relación étnica con sus vecinos inmediatos. Es decir, hay una gran variedad de situaciones locales que ofrecen un campo muy diverso para la exclusión social o su opuesto, la cooperación y la solidaridad. Estas diferencias deben tenerse en cuenta en cualquier política pública que se acometa en cada zona. Las políticas públicas deben de conocer y considerar la situación local y su historia.

Ya al repasar la distribución regional de los conflictos se pone de manifiesto esta diversidad también en lo que concierne a la propia importancia demográfica y social de la minoría en cada caso. La relación entre el tamaño de la minoría gitana y las pautas de movilización o acción colectiva antigitana no son directas. Andalucía, la región con una mayor proporción de gitanos, tanto absoluta como relativa, no es la zona donde se producen más conflictos. Si el 40 por ciento de los gitanos españoles son andaluces, sólo el 20 por ciento de los conflictos de nuestra muestra han ocurrido en esta región. Y aunque aceptemos cierto sesgo de las redacciones y agencias de noticias respecto a lo que ocurre en Madrid y Barcelona, la propia distribución provincial muestra que no sólo ese factor puede dar cuenta de una distribución tan peculiar de los conflictos (véase, por ejemplo, el caso de Lérida, tabla 4).

La movilidad, el desplazamiento, la migración y la formación de núcleos de aluvión e infravivienda sí que provocan generalmente un aumento de las movilizaciones y los enfrentamientos. Lo mismo puede decirse respecto a los motivos que desencadenan de forma más inmediata o visible la movilización, su conformación y su relativa frecuencia (ver tabla 4) son otro índice de complejidad de los determinantes de esta «marea» ascendente y descendente en las movilizaciones relacionadas con la minoría gitana en España. Vemos que con máxima frecuencia los vecinos «payos» se han movilizado contra la amenaza de que se consoliden en sus barrios ciertos asentamientos gitanos. A menudo no es tanto la presencia de los asentamientos como su cambio de lugar o de estatus, su conversión en poblados permanentes, lo que ha desatado la acción colectiva. Sin embargo, las agresiones y actos violentos o dañinos para las personas tienen una gran capacidad movilizadora y con facilidad se interpretan como dolosos provocando mayor rencor y, a menudo, mayor respuesta colectiva.

También hemos visto el papel destacado de las movilizaciones en defensa de cierta definición del ámbito escolar, así como la pequeña importancia de los conflictos laborales que podría tomarse como elemento claro de una peculiar forma de inserción/exclusión social: los gitanos españoles sí que han optado en las últimas décadas a recursos públicos en vivienda y escolarización, pero no han intentado acceder al mercado de trabajo de manera que puedan considerarse una competencia o amenaza (10). Pero ésta, una visión que diversos miembros de nuestro equipo hemos sostenido en varios trabajos (véase Gamella 1996, Río 1999) nos parece hoy sólo de relativo valor. No es siempre cierto que los gitanos no supongan competencia para los no-gitanos en la estructura económica o laboral española. En el caso de la venta ambulante, por ejemplo, sí que pueden haber supuesto competencia para otros comerciantes (11) y son raros, sin embargo, los enfrentamientos o protestas colectivas directas.

La hipótesis de la lucha o competencia por recursos como elemento central de la intensificación de los conflictos étnicos es sólo parcialmente acertada en nuestro caso. Hay ámbitos, como la sanidad pública, donde el acceso de los gitanos ha sido aún más destacado que en los de la vivienda pública o la escuela y, sin embargo, no han generado apenas acciones colectivas o movilizaciones antigitanas. Y eso, a pesar de que la convivencia étnica en el ámbito hospitalario está plagada de tensiones, roces y malentendidos. Lo mismo podría decirse de otros ámbitos, como los subsidios públicos por desempleo, vejez o invalidez, a los que, justamente, optan cada vez más gitanos y gitanas sin que se hayan producido confrontaciones o movilizaciones explícitas de colectivos enfrentados a estas medidas.

Por otro lado, la violencia que se percibe como «gitana» es elemento central de la mayoría de los enfrentamientos. Es decir, la acción colectiva toma la forma de protesta o denuncia cuando tiene como motivo la defensa de cierta concepción del territorio residencial propio o cierta organización de la escuela; pero salta más fácilmente hacia formas de enfrentamiento o ataque directo cuando el motivo es la violencia, real o ficticia, grave o exagerada, que se atribuye a los otros. Es decir, la violencia no es sólo un motivo más, sino un factor cualitativamente distinto en su eficacia para elevar y robustecer identidades encontradas y movilizaciones más intransigentes.
 

3. Teorías de la competencia y teorías de la exclusión social

Una de las teorías más importantes sobre el conflicto étnico se basa en hipótesis sobre competencia, sobre todo competencia laboral y económica: el conflicto ocurre entre grupos étnicos cuando interaccionan más al competir en un mismo mercado que cuando están separados. Este conjunto de teorías viene a contradecir varios modelos anteriores muy influyentes, como el que sostenía que la desigualdad económica y la exclusión y explotación sistemática de las minorías en el ámbito laboral (el «colonialismo interno» y la correspondiente división del trabajo en términos de Hechter 1975) fomentaban la confrontación y la movilización étnica (ver, para un caso extremo, Wolpe 1970, 1976). Otro modelo, también muy influyente, señala que el conflicto étnico suele ser máximo en condiciones donde se dan mercados de trabajo escindidos étnicamente, donde grupos distintos reciben distintos salarios y tratos por trabajos semejantes, especialmente cuando esos sistemas se resquebrajan o entran en crisis (Bonacich 1972, Olzak 1992).

Según esta corriente teórica, a mayor competencia por los mismos recursos, mayores posibilidades para el conflicto tanto individual como colectivo y su manifestación en movilizaciones, enfrentamientos, protestas, denuncias, etc. Por ejemplo, en su importante estudio del conflicto étnico, sobre todo de los enfrentamientos violentos en los Estados Unidos del cambio de siglo (1870-1914), Olzak establece como hipótesis fundamental que la desegregación del mercado de trabajo conduce a un aumento de la competencia étnica que, a su vez, resalta las diferencias y límites étnicos y promueve formas espontáneas de acción colectiva (1992: 209).

Nuestro análisis apoya parcialmente esta teoría, pero sólo con un entendimiento muy amplio del concepto central, porque la mayoría de los conflictos que hemos encontrado en nuestra muestra no suponen una competencia directa por recursos más que en grado relativo. En el caso de los conflictos en torno a la defensa del espacio residencial no son los barracones o viviendas gitanas lo que se quiere obtener con la movilización vecinal en los casos donde más se ha sostenido, como en Villaverde en 1991; es el deseo de que no alteren el lugar propio con su presencia y las actividades que se les atribuyen los gitanos implicados, basándose en estereotipos que, aunque puedan tener un pequeño núcleo de verdad, resultan exagerados y prejuiciosos al generalizarse. A su vez, la sistemática sospecha y rechazo acaban produciendo efectos perversos que ayudan a que se cumpla una buena porción de las peores profecías del estereotipo. Por eso es tan crucial conocer y combatir el prejuicio como forma indirecta de reducir el enfrentamiento étnico (ver Gamella y Sánchez Muros 1998).

En cualquier caso, nuestro análisis indica que la competencia que resulta especialmente decisiva para la movilización es indirecta y mediada. El principal mediador es la Administración que, mediante políticas públicas de redistribución de recursos y planeamiento urbano quiere redefinir zonas, cruciales para la vida diaria de los vecinos, alterando un cierto estatus quo que puede incluir, por ejemplo, un poblado chabolista gitano próximo durante décadas (12). Por lo tanto, no se trata sólo de una competencia o lucha por recursos económicos a disputar en el mercado, sino por recursos políticos y simbólicos a redistribuir por el Estado y cuyo impacto sobre opciones y propiedades individuales resulta difícil de establecer o cuantificar sin un estudio detallado de las condiciones de vida locales.

Por tales motivos algunos autores han venido cuestionando algunas de las premisas del planteamiento de la competencia étnica, mostrando que hay numerosos sesgos en la selección de ejemplos y de variables que facilitan los resultados que se pretendían (ver Dion 1997). Creemos que esto se aplica en gran medida a nuestro caso. Nuestro análisis, todavía provisional, encuentra un poco unidimensional el ver los conflictos étnicos como persiguiendo «control étnico» del «espacio» laboral, escolar o residencial (ver Río 1999). La definición étnica del ámbito en disputa es más una consecuencia que una causa del propio conflicto y rara vez es radical o totalmente contraria a la presencia de «otros» definidos étnicamente. Esta explicación ignora que, incluso en los casos más graves y sostenidos de enfrentamiento, como el ocurrido en Martos en 1986, o los de Loja de 1992, y que hemos analizado en otro lugar, seguía habiendo gitanos residiendo en ambos pueblos y a los que no afectó el conflicto de forma directa.

En este mismo sentido, conviene destacar que en el caso de los gitanos españoles, el tamaño de la minoría en el ámbito local de reclutamiento y movilización (un pueblo, o un barrio o, a lo sumo, distrito de una ciudad) no está tan directamente relacionado con la intensidad ni la duración de la movilización como se supone en la mayoría de los análisis de la competencia por recursos. A menudo los casos más graves y sostenidos han tenido lugar en pueblos o barrios donde la presencia gitana era reducida e incluso insignificante y, sin embargo, ha sido más fácil de controlar o reconducir allí donde la mayoría gitana era más numerosa y heterogénea (13).

La definición étnica del ámbito implicado es por lo tanto más una consecuencia que una causa del conflicto. Los choques violentos tienen un enorme potencial identitario; provocan con facilidad una reducción de los perfiles y los motivos de los participantes de uno y otro bando hacia los más contrastados, opuestos y hostiles. Esto, que obedece a tendencias profundas de la acción humana y la cognición social, dota de un enorme significado a los conflictos en la generación de identidades contrapuestas y excluyentes. Por eso el conflicto es un elemento crucial para conocer y entender la exclusión étnica y sus complejos procesos.
 

4. El poder reduccionista del conflicto

Todo conflicto étnico suele provocar un reduccionismo de los elementos que motivan y caracterizan la confrontación y la movilización, reforzando o resaltando ciertos marcadores o rasgos «étnicos» frente a otros. Esto provoca una simplificación y una radicalización de las posturas enfrentadas y genera espirales de prejuicios y, a veces, de nuevos enfrentamientos. Aparecen, además, nuevos aspectos o un nuevo rostro, tanto de los participantes como del Estado y sus fuerzas movilizadas que contribuyen a ahondar la separación de los vecinos en bandos contrapuestos. Estos procesos de reinterpretación y respuesta al enfrentamiento suelen redefinir las propias identificaciones étnicas y su sustancia, que es mucho más variable y situacional de lo que suele creerse.

En todos los casos que hemos analizado, los rasgos y límites o separaciones étnicas (Barth 1969) previas al conflicto han sido relevantes, pero no exclusivos ni determinantes. A menudo, desde la perspectiva inmediata, explícita y consciente de los participantes, el carácter étnico de su acción no era inicialmente el más influyente o determinante. Esto puede verse como mala fe, un elemento de racionalización o encubrimiento de las raíces de un comportamiento cada vez menos tolerado o justificable en el debate público, pero también es a menudo una percepción sincera que los participantes tienen de sus propios motivos.

Desde fuera de ese ámbito local, sin embargo, el carácter étnico o racial (o «racista») del conflicto no sólo se percibe como indudable, sino fundamental, causal. Esto provoca a menudo una clara ruptura y disonancia entre las interpretaciones locales y generales de los conflictos, y genera formas divergentes de evaluación, comprensión y reacción frente a ellos y sus consecuencias.

Esta disyunción entre la percepción local y la general, entre el barrio o pueblo que, como grupo de referencia o «comunidad» vive el conflicto y la visión de la sociedad más amplia, que, en nuestro caso se refleja en la descripción mediática que se difunde a nivel «nacional» o incluso internacional, es un elemento central de la mayoría de estos contenciosos, sobre todo de aquellos que han alcanzado mayor resonancia. Por ejemplo, los de Martos en 1984 o Mancha Real en 1991, ambos en la provincia de Jaén, o los de Almorarí o Baracaldo en el 2000, o los de Villaverde y Vicálvaro en 1991 en Madrid, el que afecta a gitanos inmigrantes de Rumanía en Madrid en 1999... y tantos otros.

La imagen que les devuelven los medios de comunicación a los propios residentes suele parecerles horrorosa y distorsionada, como reflejada en un espejo deformante. La mayoría de las veces, los propios participantes y sus vecinos, al menos la mayoría, no se sienten identificados con lo que allí se relata, tanto por las generalizaciones injustificadas que ven reafirmarse, como por el carácter simplificado y unidimensional que se resalta del conflicto. Las autoridades locales, por ejemplo, los alcaldes de los pueblos donde ocurre el suceso, viven especialmente esta disyuntiva a la que suelen escapar, sin embargo, las autoridades provinciales o regionales, más alejadas del conflicto.

Es difícil para un alcalde resistirse a esa presión y distanciarse de esa perspectiva. Con una base eminentemente local, los votos de sus vecinos, y con una visión localizada y mucho más multifacética de las relaciones, a menudo se desplazan hacia decisiones que resultan injustificables para el juicio «imparcial» del público foráneo y de los medios de comunicación e, incluso, del sistema judicial. El caso del alcalde de Martos en 1986 es, en cierta medida, una excepción ejemplar de la fuerza de carácter y de convicción que le llevó a enfrentarse a un sector importante de sus vecinos movilizados, a diferencia de lo ocurrido en otros casos de enfrentamientos multitudinarios y violentos de grupos definidos étnicamente, como en Mancha Real (Jaén) en mayo de 1991 o en El Ejido (Almería) en febrero del 2000.
 

5. Estado y políticas públicas

La mayoría de los casos, los análisis de la competencia ignoran o relegan un elemento crucial del conflicto y la movilización colectiva, el papel del Estado y las políticas que desarrollan las administraciones públicas. En nuestro caso, la profunda transformación del Estado ocurrida en la España democrática ha supuesto un cambio notable del ámbito y las «reglas del juego» en donde se producen las acciones colectivas de base étnica. El nuevo marco jurídico-político y valorativo ha estimulado en algunos casos la aparición de nuevos actores colectivos (como, por ejemplo, las asociaciones gitanas) y nuevas formas de expresión, arbitraje y resolución de los conflictos, de la misma manera en que ha cambiado la forma en que las acciones colectivas de solidaridad, enfrentamiento y movilización étnica se presentan y legitiman en el debate público.

Además, la instauración de una serie de políticas específicas de intervención pública (propias de un entendimiento concreto y «europeo», si se quiere, del Estado «social de derecho») ha transformado e incrementado el papel de las administraciones públicas en muchas áreas cruciales para la integración social de las minorías. Por ejemplo, Ireland (1997) ha examinado con detalle para el caso de Alemania oriental el papel decisivo de las políticas públicas en las relaciones étnicas, señalando que se trata de un aspecto a menudo ignorado frente a la prominencia que se da al papel de las identidades y los aspectos económicos o socioeconómicos.

La forma en que actúa, media y recluta la administración pública es un elemento crucial a tener en cuenta en el análisis de la acción colectiva de carácter étnico. Varios autores han mostrado el papel crucial de los cambios en la administración y las políticas públicas en la generación de escenarios que favorecen ciertas formas de conflicto y de movilizaciones colectivas. Y en España ha habido notables cambios en la administración pública y su relación con los ciudadanos desde 1976. Algunos de estos cambios han sido estratégicos, a pesar de una cierta continuidad no desdeñable en ciertas estructuras y hábitos y hasta personas responsables. Hein (1997) ha mostrado como la expansión del Estado del Bienestar durante el siglo XX ha alterado las condiciones que enmarcan la formación de organizaciones étnicas. Los intereses divergentes o contrapuestos de los diversos grupos étnicos proporcionaban un contexto donde debería operar la administración pública, mediando entre el Estado y las diferentes organizaciones y poblaciones (ver Esman 1999, 1997). Las estructuras internas de la administración se han ido transformando, por ejemplo, sus formas de reclutamiento y de asignación de recursos, cuando no el propio tamaño y concentración de los recursos mismos que ha permitido en algunos casos e impedido en otros la aplicación de políticas y programas más eficaces que, sin embargo, aparecían sobre el papel como muy semejantes.

En nuestro caso, las políticas públicas han tenido un papel crucial en el desarrollo de la movilización colectiva pro y contra ciertos grupos de gitanos, y también en su contención, disolución o canalización hacia formas constructivas de comunicación y convivencia. Lo que se ha llamado la teoría de la canalización de Estado del Bienestar, explica la formación de organizaciones étnicas. Uno de los colectivos que han experimentado un cambio más notable en su relación con las administraciones públicas, desde las fuerzas policiales de ámbito nacional como los ayuntamientos , ha sido el de los gitanos. Y la evolución de los programas y las formas de gestión de varias de las agencias públicas implicadas en las políticas de apoyo, promoción o desarrollo de la minoría gitana han sido también notables en muchos casos y han afectado muy directamente las relaciones étnicas locales.

Los cambios cruciales en la cultura política, ahora en una democracia parlamentaria, que se incorporan a las prácticas y los discursos cotidianos y proponen nuevas fuentes de protesta y denuncia, en nuestro caso relacionada con la situación y los derechos, así como algunas de estas relaciones entre la aparición de nuevas formas de conflicto étnico o de manifestarse estos conflictos, se han señalado en otros contextos y países (ver, por ejemplo, Chang 1997). Cuando se habla de exclusión social de los gitanos, por lo tanto, es necesario prestar atención a las resistencias al cambio que se manifiestan frente a las políticas públicas y a muchas de estas formas de resistencia como generadoras de nuevas formas de segregación y, en el futuro, de conflicto.

Curiosamente, la intervención pública, el mayor acceso a bienes y servicios comunes, la mayor igualdad, ha hecho aumentar el número de conflictos colectivos y también, obviamente, su expresión y representación mediática. Esto no debe de considerarse como algo intrínsecamente negativo; a menudo el conflicto ha permitido replantear las relaciones étnicas tras hacer aflorar intereses, prejuicios y asunciones erróneas de los diversos participantes. También ha permitido que los gitanos y gitanas defiendan sus derechos enfrentándose a situaciones de discriminación que chocan frontalmente con el sistema político-jurídico que la mayoría de los españoles hemos aprobado como rector de nuestra convivencia. Pero también ha habido conflictos que han profundizado y agrandado la desconfianza y la separación entre grupos definidos étnicamente. Por lo tanto, los conflictos étnicos aquí estudiados son un índice de problemas sin resolver, o mal resueltos, tanto o más que de una nueva etapa en las relaciones étnicas en la que los gitanos están alcanzando, por vez primera, su derecho a la plena ciudadanía.

Notas

* Este trabajo ha sido promovido por la Dirección General de Bienes Culturales, dentro de las Campañas Etnológicas de 1993, 1994 y 1995. Agradecemos a nuestros becarios y colaboradores en esas campañas, Rafael Martínez Martínez, Alejandro Quesada, Jesús Sánchez Jiménez, Patricia Sánchez-Muros y, sobre todo, a Manuel Río Ruiz su ayuda y sus aportaciones a la construcción de la primera base de datos de eventos de acción colectiva. El autor de este artículo y director del proyecto ideó y completó la base de datos, realizó la codificación final y la interpretación de los resultados, por lo que cualquier error o responsabilidad que aparezca en este texto le corresponde enteramente.

** Juan Francisco Gamella es antropólogo y profesor de la Universidad de Granada. Ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de California, y trabajo de campo sobre desarrollo e industria petrolífera en Sumatra (Indonesia), y sobre cambio demográfico, familiar y económico en La Garrotxa (Cataluña). Desde 1985 viene estudiando los cambios socioculturales asociados a las rápidas transformaciones en el consumo de alcohol y drogas en diversas regiones de España, Norteamérica y el Pacífico. Ha sido Becario Fulbright, asesor de la OMS y del Grupo Pompidou del Consejo de Europa para la prevención del uso de drogas, colaborador del Foro Andalucía 2000 y miembro electo de la New York Academy of Sciences. Ha sido profesor e investigador visitante en la University of California, Santa Barbara, la Johns Hopkins University y la Cambridge University. Desde 1993 ha desarrollado varias investigaciones sobre relaciones y conflictos étnicos, así como sobre las transformaciones culturales y sociales experimentadas por la minoría gitana y sus sistemas de parentesco, género y matrimonio. Es autor o coautor de siete libros y más de cuarenta artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Entre sus últimos libros están: La imagen infantil de los gitanos. Estereotipos y Prejuicios en escuelas multiétnicas, en colaboración con P. Sánchez Muros. Premio Bancaixa de Investigación sobre servicios sociales, 1997 (Valencia 1998); Las rutas del éxtasis. Drogas de síntesis y nuevas culturas juveniles (Barcelona, 1999, en colaboración con A. Álvarez Roldán); Mujeres gitanas. Matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía (Sevilla, 2000) y Drugs and alcohol in the Pacific (Aldershot, UK, 2002, Editor).

1. Por otra parte, en las últimas décadas está surgiendo un importante y activo movimiento pangitanista que busca la cooperación de los romá de toda Europa en la lucha por sus derechos civiles e incluso por un estatus específico de ciudadanos de un grupo transnacional sin fijación territorial, algo que resulta en gran medida nuevo en el derecho internacional. Ocurre además en un momento de intensa presión migratoria de gitanos de países balcánicos y centroeuropeos a la Unión Europea y a Norteamérica y que muchos grupos perciben como amenazante. También se produce en un contexto de creciente defensa de la «autoctonía» de algunos grupos frente a los recién llegados y los «extranjeros», de la que no están exentos los diversos grupos romaníes en sus relaciones mutuas.

2. Dada la antigüedad e importancia del mestizaje y los matrimonios interétnicos, son muchos más los andaluces que tienen antepasados gitanos.

3. Personalmente visité este poblado por primera vez en 1980, precisamente acompañando a un grupo de heroinómanos que iban a provisionarse a una de las chabolas. En años y décadas sucesivas pude constatar la extensión de ese comercio en éste y otros poblados chabolistas de Madrid y constaté también cómo se extendía la heroinomanía en un sector de los jóvenes gitanos que habían crecido allí.

4. Hemos analizado ese caso usando métodos etnohistóricos, ver Gamella y Río 1996, Gamella et al. 2000.

5. En el sistema empleado por Olzak (1992), un caso se produce cuando el lapso entre un episodio y el siguiente supera las 24 horas. Si procediésemos así, obtendríamos un considerable efecto multiplicador en muchos casos de los estudiados aquí, por lo que obtendríamos miles de casos de acción colectiva antigitana y no cientos como tenemos ahora. En cualquier caso, insistimos en que éste es un primer análisis de esta base de datos que pensamos continuar en el futuro.

6. En Barcelona, por ejemplo, en 1988, tras la muerte de un familiar por sobredosis, un grupo numeroso de gitanos se echó a la calle a la «busca» de «traficantes de drogas», que ellos identificaban con personas de color, golpeando «a todas las personas de color que se encontraban y sospechaban vendedoras de drogas». La policía detuvo a 50 personas. El diario analizado daba así la noticia: «Cincuenta detenidos en Barcelona en una pelea entre gitanos y traficantes de droga» (El País, 23/2/1988).

7. Río 1999, que utiliza una base de datos de nuestro equipo, cita también este caso como ejemplo de conflicto laboral.

8. Nuestra muestra contiene casos acaecidos en casi todas las regiones españolas. En Madrid, por ejemplo, Presencia Gitana ha sido muy activa en denunciar el trato vejatorio que, al parecer, diversas fuerzas policiales dispensaban a muchos gitanos, ya desde finales de los años 70. Así, en agosto de 1983 denunciarán a varios policías municipales por maltratar a gitanos del barrio chabolista de Pan Bendito (ver El País, 13/8/1983) y volverán a realizar denuncias semejantes durante las dos décadas siguientes. El caso más reciente que recoge nuestra muestra ocurrió el verano pasado en Sabadell, donde la asociación gitana local promovió una protesta contra dos policías nacionales a los que acusaba de insultar y agredir a dos gitanos en un bar de la localidad de tal manera que hubieron de ser atendidos en el hospital (ver El País, 6/7/2000).

9. Algunos casos se han hecho tristemente famosos, como los acaecidos en Madrid por la ubicación de más de 300 gitanos en el basurero de Valdemingómez (julio 1997), o en el de Mondragón, Guipúzcoa (febrero de 1999), o Sestao (Vizcaya) en junio de 1999.

10. De hecho, un parte del prejuicio antigitano se basa en el rechazo de los gitanos a las formas de inserción laboral que, según, se cree, se les han ido ofreciendo, esto es, lo que Kaprow (1982) ha llamado su rechazo a la «proletarización».

11. Quizá se deba también a que el del trabajo es un mercado al que se accede de forma individual en la mayoría de los casos, mientras en la mayoría de los choques y conflictos étnicos públicos incorporan un carácter grupal o familiar que hace más visible a la minoría. En cualquier caso, éste y otros temas, sobre todo relacionados con los aspectos económicos de las movilizaciones estudiadas, necesitan trabajarse más.

12. Esto es cierto, por ejemplo, del problema de «la droga», donde no hay directamente una lucha o competencia por recursos, sino más bien, un proceso de repudio de ciertos procesos que se asocian con la presencia de ciertas poblaciones, en parte definidas étnicamente. Sólo muy indirectamente se ve afectado también el valor de las viviendas de los participantes en el mercado, pero éste no suele ser el factor de movilización primaria más frecuente.

13. Seguramente esta relación entre el tamaño de la minoría y el carácter del conflicto marque una diferencia entre aquellos centrados en la minoría gitana y los que tienen como diana a los emigrantes, como se ha puesto de manifiesto en el conflicto de El Ejido (Almería) en febrero del 2000.

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