La gobernanza de las relaciones de trabajo

Abstract

La transformación del mundo del trabajo ha planteado una serie de retos nuevos para las instituciones y las modalidades de gobernanza del trabajo existentes, muchos de los cuales están relacionados con la mundialización, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial y la robotización de los procesos productivos, la descentralización productiva como forma de organización de las empresas, el cambio climático, la evolución demográfica (el envejecimiento de la población) y la intensificación de los flujos migratorios, la dualización de la sociedad y el incremento de la pobreza. Son, así, retos y desafíos que afectan de forma sustancial, ya no sólo al contenido regulatorio de las relaciones de trabajo, sino a su propia gobernanza. Recuperar el garantismo jurídico-social mediante la actividad normativa es lo que propone y viene defendiendo en los últimos años la Organización Internacional del Trabajo. Las “reglas de juego para una economía global” deben ser normas fuertes establecidas a través de la actividad normativa de la OIT. Las normas internacionales de la OIT establecen las normas sociales mínimas básicas, constituyen un “piso de protección” que puede ser mejorado a través de la legislación o de los convenios colectivos. La “Garantía Laboral Universal” debe constituir un punto de partida para construir instituciones del mercado de trabajo inclusivas, reforzando la relación de trabajo a través de la garantía de derechos básicos para los trabajadores y de seguridad de ingresos. Este orden público laboral internacional y nacional debe ir acompañado de un fortalecimiento de los instrumentos de control de observancia y cumplimiento de las normas jurídicas (reforzamiento de la inspección de trabajo). El papel del “soft law” en la OIT debe actuar como impulso para la creación de normas sobre el trabajo. El diálogo social puede cumplir un papel importante en la gobernanza de las relaciones de trabajo, permitiendo una toma de decisiones colectivas, en cuanto modo singular de formación de la política en virtud del cual las grandes organizaciones de intereses intervienen en el proceso de adopción de decisiones y gobierno. La justicia social, el trabajo decente y la no consideración del trabajo como mera mercancía exigen una apuesta por un sistema de gobernanza basada en principios y regulación jurídica, es decir en la normatividad, tanto en el plano del derecho internacional como en el de los derechos nacionales. En ese marco se debe promover de modo decidido también el importante papel de los agentes sociales en el gobierno de los conflictos del trabajo y de los retos para el presente y el futuro del trabajo.

The transformation of the world of work has posed a number of new challenges to existing institutions and forms of labour governance, many of which are related to globalisation, the digitalisation of the economy, artificial intelligence and the robotisation of production processes, the decentralisation of production as a form of company organisation, climate change, demographic change (ageing of the population) and the intensification of migratory flows, the dualisation of society and the increase in poverty. These are challenges that substantially affect not only the regulatory content of labour relations, but also their governance. The International Labour Organisation has been proposing and advocating in recent years the recovery of social and legal guarantees through normative activity. The ‘rules of the game for a global economy’ must be strong standards established through the ILO's standard-setting activity. The international standards of the ILO set the basic minimum social standards, they constitute a ‘floor of protection’ that can be improved through legislation or collective agreements. The ‘Universal Labour Guarantee’ should be a starting point for building inclusive labour market institutions, strengthening the employment relationship by guaranteeing basic rights for workers and income security. This international and national labour law must go hand in hand with a strengthening of the instruments for monitoring compliance and enforcement of legal standards (strengthening of labour inspection). The role of ‘soft law’ in the ILO must act as an impetus for the creation of labour standards. Social dialogue can play an important role in the governance of industrial relations, enabling collective decision-making, as a unique mode of policy formation whereby large interest organisations are involved in the process of decision-making and governance. Social justice, decent work and the non-consideration of work as a mere commodity require a commitment to a system of governance based on principles and legal regulation, i.e. normativity, both in terms of international law and national rights. Within this framework, the important role of the social partners in the governance of labour conflicts and the challenges for the present and future of work must also be resolutely promoted.