Claves del reglamento (UE) 650/2012 a la luz de la jurisprudencia del TJUE: de la especialización a la (in)coherencia a través del mito del principio de unidad y las calificaciones autónomas unívocas

Abstract

El Reglamento (UE) 650/2012 sobre sucesiones revolucionó el régimen jurídico de las sucesiones en los Estados Miembros de la UE vinculados por el mismo y ha generado gran cantidad de interrogantes y problemas de interpretación. Cinco años después de su vigencia, el TJUE ha desvelado algunos de esos interrogantes, si bien, al hacerlo, ha abierto nuevas dudas y no ha agotado las dificultades de interpretación inherentes a una materia tan compleja como arraigada en las tradiciones jurídicas nacionales. En algunos casos el TJUE está poniendo de manifiesto la necesidad de una única jurisdicción para conocer de las distintas cuestiones vinculadas a la sucesión; en otros, también para satisfacer el principio de unidad de la sucesión, delimita el ámbito de aplicación del RES extendiendo lo máximo posible la materia sucesoria o imponiendo las calificaciones europeas por encima incluso de la jurisprudencia nacional y extiende las reglas de competencia a los tribunales nacionales para expedir los certificados sucesorios nacionales. Sin embargo, en otra ocasión opta por una calificación de la función jurisdiccional vinculada casi exclusivamente a los procesos de jurisdicción contenciosa, con lo que parece claudicar ante las incoherencias del Reglamento o coadyuvar a ellas.

Regulation (EU) 650/2012 on successions revolutionized the legal regime of successions in EU Member States linked by the Regulation, and has generated a great deal of questions and problems of interpretation. Five years after its validity, the CJEU has uncovered some of these questions, although in doing so it has opened up new doubts and has not run out the difficulties of interpretation inherent in a subject as complex as rooted in national legal traditions. In some cases the court is highlighting the need for a single jurisdiction to hear the different issues related to the succession; in other cases, also to satisfy the principle of the unity of the succession, it delimits the scope of the Regulation by extending the succession matter as much as posible or imposing European qualifications even above national jurisprudence and extends the jurisdiction rules to national courts to issue national certificates of succession. However, on another occasion, it opts for a qualification of the jurisdictional function linked almost exclusively to the processes of contentious jurisdiction, thus, it seems to give in to the inconsistencies of the Regulation or contribute to them.