LA RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES RAL DE CONSUMO Y SISTEMA JUDICIAL TRAS LA LEY 7/2017

Abstract

El presente estudio analiza si las soluciones que ofrece la Ley 7/2017 de resolución alternativa y en línea de litigios de consumo transfronterizos resultan compatibles o no con las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva. Resulta preciso saber hasta qué punto el consumidor que ha de iniciar un procedimiento ante una entidad de RAL tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos a través del correspondiente proceso estatal. El estudio revela, por una parte, que el nuevo régimen estatal, en ocasiones, no cumple, con las exigencias que provienen de los derechos proclamados en el art. 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el art. 19 del Tratado de la Unión Europea. Por otra parte, se han detectado una serie de obstáculos que pueden comprometer el cumplimiento efectivo de dicho principio al generar obstáculos desproporcionados para que el consumidor acceda a la acción judicial. En concreto, hemos concluido que no solo resulta preciso incrementar las garantías tendentes a proteger al consumidor para asegurar la compatibilidad del Derecho español con el derecho a una tutela judicial efectiva, sino también que resulta necesario que las entidades de RAL y los sistemas judiciales colaboren y trabajen juntos en aras de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los consumidores en las reclamaciones transfronterizas.