La sostenibilidad económica: principio determinante de la forma de gestión de los servicios públicos locales

Abstract

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido centrar la atención en una potestad configurada tradicionalmente de forma discrecional (la organizatoria) y en una de sus manifestaciones (la elección de las formas de gestión de los servicios públicos locales); así como, estudiar el papel del principio económico de eficiencia (presente en nuestra Carta magna desde su aprobación) en las normas administrativas. Este estudio se discurre por los cambios normativos y jurisprudenciales llevados a cabo en los últimos años, en particular, los derivados de la incorporación y desarrollo a las normas administrativas del principio de sostenibilidad económica (principio de eficiencia aplicado con proporcionalidad). Además de estudiar la cualidad técnica inherente en esta actuación y, por ello, nos hemos planteado si ha pasado a formar parte de la actual doctrina sobre la discrecionalidad técnica y/o participa de la de los conceptos jurídicos indeterminados. En resumen, la idea central que ha inspirado esta tesis ha sido abordar los efectos de las décadas transcurridas desde la aprobación nuestra Constitución sin que la sostenibilidad económica haya sido abordada en las normas administrativas, en particular en el ámbito local, y en la potestad que hace posible la organización de los servicios públicos locales, su forma de gestión. Con los cambios llevados a cabo en distintas normas administrativas se ha iniciado el camino en nuestro Ordenamiento jurídico para intentar acercarse y abordar las muy conocidas ineficiencias y desproporciones en las estructuras públicas; en el particular caso de las Entidades locales, este camino se toma cuando la normativa impone taxativamente que éstas deben elegir la forma de gestión de los servicios públicos locales que mejor sirva a los intereses generales: la más eficiente y sostenible, como expresamente impone la norma básica local. Este mandato encuentra desarrollo y complemento en otras normas administrativas relevantes en esta actuación. Con su incorporación, el principal efecto producido ha sido variar considerablemente la tradicional discrecionalidad administrativa en esta actuación, al configurarse mediante la conjunción de diferentes elementos reglados que vienen a garantizar su efectividad. Y, de esta forma, el principio de eficiencia se pone al servicio de los intereses generales pretendidos con el servicio público local a gestionar. De su mano, la indiferencia jurídica inherente en la discrecionalidad administrativa deja paso a la diferencia ahora exigida. Es decir, no es indiferente la insostenibilidad económica y afecta a la decisión de cómo gestionar los servicios públicos locales. Así, al menos desde la aprobación de la Ley 27/2013, las formas de gestión de los servicios públicos locales deben ser las más eficientes y sostenibles, y no cualquier otra.