Notas sobre el arbitraje en la doctrina del Tribunal Constitucional

Abstract

El trabajo que presentamos versa sobre el encaje constitucional al arbitraje como institución para-procesal, al margen del proceso debido y su relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamada en el art. 24 de la Constitución española. Se analiza el arbitraje que ha ido construyendo la doctrina del Tribunal Constitucional español como espacio reservado exclusivamente a la autonomía de las partes, excluyendo casi por completo el control jurisdiccional. De este modo, el Tribunal Constitucional español ha ido construyendo una doctrina sobre el arbitraje que puede generar una realidad de derecho privado sustraída del necesario control jurisdiccional y, por ende, extramuros del orden constitucional. En efecto, las cláusulas de sometimiento a arbitraje impiden el acceso a la jurisdicción también para controlar el propio contrato en el que se establecen dichas cláusulas. Frente a la justificación del arbitraje como renuncia puntual al derecho a la tutela judicial efectiva basado en el principio de autonomía de las partes, hemos de esgrimir que todos -poderes y personas, sean físicas o jurídicas- deben someterse al orden constitucional, considerando en todo caso el derecho a la tutela jurisdiccional como irrenunciable. Concluimos que no se puede construir el arbitraje como institución al margen de la Constitución, de modo que pueda terminar constituyendo un subterfugio para impedir el acceso a los tribunales, y que éstos determinen si las relaciones jurídicas están amparadas por el ordenamiento jurídico o no y, en última instancia, el control de constitucionalidad. De este modo, podemos estar asistiendo a la construcción de un sistema que no solo impide el acceso a la justicia, sino también a todo control de constitucionalidad. En tal caso, se estaría creando y validando un auténtico espacio fuera del control de constitucionalidad. Aunque el Tribunal Constitucional razone que el arbitraje tiene su amparo constitucional en el principio de autonomía de la voluntad -ex-art. 10 CE-, no es menos cierto que toda actividad contractual desarrollada en el ámbito del derecho privado al amparo del referido principio es susceptible de enjuiciamiento judicial. Enjuiciamiento conforme al Derecho y a la Constitución. Y que, en última instancia, siempre resultará revisable dicha actividad judicial por la jurisdicción constitucional.

The work we present deals with the constitutional fit of arbitration as a para-procedural institution, apart from due process and its relationship with the right to effective judicial protection, proclaimed in art. 24 of the Spanish Constitution. The arbitration that the doctrine of the Spanish Constitutional Court has been constructing is analyzed as a space reserved exclusively for the autonomy of the parties, almost completely excluding jurisdictional control. In this way, the Spanish Constitutional Court has been building a doctrine on arbitration that can generate a reality of private law removed from the necessary jurisdictional control and, therefore, outside the walls of the constitutional order. In effect, arbitration submission clauses prevent access to jurisdiction also to control the contract itself in which said clauses are established. Faced with the justification of arbitration as a specific waiver of the right to effective judicial protection based on the principle of autonomy of the parties, we must argue that everyone - powers and persons, whether natural or legal - must submit to the constitutional order, considering in everything case the right to jurisdictional protection as inalienable. We conclude that arbitration cannot be built as an institution outside the Constitution, in such a way that it could end up constituting a subterfuge to prevent access to the courts, and for them to determine whether legal relationships are protected by the legal system or not and, ultimately, the control of constitutionality. In this way, we may be witnessing the construction of a system that not only prevents access to justice, but also all constitutionality control. In such a case, an authentic space outside of constitutional control would be created and validated. Although the Constitutional Court reasons that arbitration has its constitutional protection in the principle of autonomy of the will -ex-art. 10 EC-, it is no less true that any contractual activity carried out in the field of private law under the aforementioned principle is susceptible to judicial prosecution. Prosecution in accordance with the Law and the Constitution. And that, ultimately, said judicial activity will always be reviewable by constitutional jurisdiction.