La prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital: Configuración y régimen jurídico

Abstract

La presente obra aborda un tema de suma actualidad y entidad como es la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital. El lector tiene ante sí una revisión completa y actualizada tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como de política del Derecho. Para empezar, nos encontramos ante un contexto de desigualdades sociales creciente fraguado con el paso de los años y debido a la convergencia de una multiplicidad de factores. Esta situación se ha visto seriamente agudizada por la pandemia originada por la COVID-19 generando una profunda crisis de magnitudes impredecibles, lo que ha terminado demandando una recomposición urgente de la cohesión social. Esta situación exigía la puesta en marcha de una medida de garantía de ingresos de ámbito nacional, como el ingreso mínimo vital para tratar de mitigar los efectos de esta profunda crisis social. No obstante, hay que matizar que la prestación no es un fin en sí misma, sino una herramienta eficaz para facilitar la transición de aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión social hacia una situación en la que puedan desarrollarse con plenitud como parte integrante de la sociedad. Por consiguiente, el ingreso mínimo vital nace con un objetivo claramente definido: garantizar la participación plena de todo el conjunto de la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo de este modo el vínculo existente entre la ausencia estructural de recursos y la falta de acceso a oportunidades en los ámbitos social, laboral o educativo. Esta medida debe ser entendida como una parte indisoluble del derecho a una vida digna y como un valioso instrumento para la consecución de la integración social efectiva, cuya cobertura y protección trasciende la esfera individual o familiar, dado el impacto estructural que tiene en el conjunto de la sociedad. Su materialización culmina con la aprobación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el IMV, en la que se introducen modificaciones sustanciales y mejoras aplicables desde su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2022.

This work addresses a topic of great contemporary relevance and significance, namely the non-contributory benefit of the Minimum Vital Income. The reader is presented with a comprehensive and up-to-date review from both a technical-legal perspective and that of legal policy.

To begin with, the analysis is situated within a context of growing social inequalities that have taken shape over time as a result of the convergence of multiple factors. This situation was further and severely exacerbated by the COVID-19 pandemic, which triggered a profound crisis of unpredictable magnitude and ultimately called for an urgent reconfiguration of social cohesion. This scenario made it necessary to implement a nationwide income guarantee measure, such as the Minimum Vital Income, in order to mitigate the effects of this deep social crisis.

However, it should be noted that this benefit is not an end in itself, but rather an effective tool designed to facilitate the transition of individuals in situations of social exclusion towards conditions that enable their full development as active members of society. Accordingly, the Minimum Vital Income was conceived with a clearly defined objective: to guarantee the full participation of all citizens in social and economic life, thereby breaking the link between structural lack of resources and limited access to opportunities in the social, labour and educational spheres.

This measure must be understood as an inseparable component of the right to a dignified life and as a valuable instrument for achieving effective social integration, whose scope and protective function extend beyond the individual or family sphere, given its structural impact on society as a whole.

Its implementation culminated in the enactment of Act 19/2021 of 20 December, which establishes the Minimum Vital Income and introduces substantial amendments and improvements applicable from its entry into force on 1 January 2022.