Los principios de legalidad tributaria y presupuestaria y el estado social incidencia de la COVID-19 en el control del gasto público en España

Abstract

El control del gasto público se ha convertido en una directriz de las administraciones públicas en España. Dentro de los criterios de convergencia de la Unión Europea, el control del déficit y de la deuda pública como medio de garantizar la sostenibilidad económica y social de los países europeos es un objetivo prioritario, un compromiso articulado por el derecho europeo –tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la unión europea, de 2 de marzo de 2012- y consagrado en el ordenamiento español con la reforma del artículo 135 de la Constitución (en adelante, ce), que –citando Sánchez Galiana - ha convertido el principio de estabilidad presupuestaria “en un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del estado”. Y que, junto al principio de legalidad (133.4 ce), conforma un límite a la actuación de los poderes públicos. Además, la estabilidad presupuestaria puede y debe entenderse como un instrumento a favor de la justicia del gasto público. Para lograrlo, la transparencia en el gasto público constituye el fundamento de la relación entre un gobierno democrático y sus ciudadanos, transparencia que “se predica especialmente sobre aquellas actividades administrativas que generan un gasto público” . El legislador español ha afrontado la regulación de la transparencia pública para articular las relaciones entre la administración y la ciudadanía fundamentalmente a través de la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, pero también con la regulación de nuevos delitos, como el de falsedad contable pública, recogido en el artículo 433 bis del código penal. Como nos recuerda Mochón López , el derecho financiero es una rama del derecho público al servicio de la sociedad democrática, y la transparencia es una exigencia democrática. Por otra parte, la elaboración del presupuesto es una de las palancas más importantes que tiene el estado para su intervención en la economía con el objeto de producir la transformación social que reclama todo estado social y democrático de derecho . Tanto el gasto como los ingresos públicos son un instrumento del estado para satisfacer las necesidades públicas, la redistribución de la riqueza y asegurar el desarrollo y la estabilidad . Como explicaba rodríguez Bereijo, “entre la vertiente de los ingresos públicos y la vertiente de los gastos públicos existe una relación de funcionalidad, de instrumentalidad, que hace difícil que una pueda ser entendida sin una referencia la otra. Jamás el fin del ingreso público podrá pensarse disociado de su distribución y posterior empleo en forma de gasto público”. Pero cabe preguntarse si los derechos sociales reconocidos en la constitución española sufren algún menoscabo por la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria. Y si podemos seguir entendiendo este principio y el de legalidad presupuestaria como lo hacíamos hasta el momento, tras la incidencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19.