Buenas prácticas en el abordaje integral de la trata con fines de explotación sexual: intervención con mujeres migrantes en Andalucía
Identificadores
URI: https://hdl.handle.net/10481/107517Metadata
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Editorial Universidad de Granada
Materia
Trabajo Social Inclusión Social Trata Mujeres migrantes Buenas prácticas Intervención social Andalucía Colaboración interinstitucional Social Work Social Inclusion Human trafficking Migrant women Good Practices Social intervention Andalusia Inter-institutional collaboration
Date
2025-10-28Referencia bibliográfica
Velasco-Sampedro, V., Estrada-Villaseñor, C., & González-Doménech, E. (2025). Buenas prácticas en el abordaje integral de la trata con fines de explotación sexual: intervención con mujeres migrantes en Andalucía. Trabajo Social Global-Global Social Work, (Extra), 36–50
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Facultad de Trabajo Social (UGR); Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (UGR)Abstract
Este trabajo tiene como objetivo presentar buenas prácticas en el ámbito del trabajo social y la movilidad humana, identificadas en un estudio de caso sobre trata de mujeres en Andalucía, llevado a cabo por Red Acoge en el marco del Proyecto Europeo Global-ANSWER entre enero y noviembre de 2024. El estudio analiza de manera integral las políticas públicas, la legislación, los servicios sociales y las prácticas de trabajo social aplicadas en el acompañamiento a mujeres víctimas de trata sexual, con especial atención a las mujeres migrantes. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos, afectando de manera desproporcionada a las mujeres migrantes. Andalucía, que concentra casi un tercio de las víctimas de trata en España, se posiciona como un contexto clave para examinar este fenómeno. Mediante una metodología cualitativa, el estudio utilizó herramientas como encuestas, grupos focales y entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales del ámbito social. Este enfoque permitió recopilar información detallada sobre las experiencias, desafíos y prácticas de las organizaciones que trabajan directamente con mujeres supervivientes de trata. Las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en diversos ámbitos: la detección temprana de víctimas, el acompañamiento especializado, la incidencia política con las Administraciones públicas, el trabajo en red con otras entidades y la coordinación con agentes clave como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Instituto Andaluz de la Mujer. Además, el estudio destaca la relevancia de estas colaboraciones interinstitucionales para abordar de manera eficaz la trata de mujeres y mejorar las respuestas institucionales. El análisis también subraya que, a pesar de los esfuerzos actuales, muchas víctimas de trata permanecen invisibles. Según el informe Cultura de datos en la trata de seres humanos (Estrada Villaseñor et al., 2024), elaborado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, por cada víctima detectada existen aproximadamente 4,6 víctimas no identificadas en España. Esta brecha en la detección resalta la urgencia de fortalecer los sistemas de recopilación de datos y mejorar las estrategias de identificación. Entre las conclusiones más relevantes, se destaca que la cooperación efectiva entre las Administraciones públicas y las entidades del tercer sector de acción social es fundamental para abordar la compleja naturaleza de la trata de personas. Asimismo, se subraya la necesidad de reforzar los recursos y capacidades de las organizaciones sociales, que desempeñan un rol central en la atención y protección de las víctimas. Las buenas prácticas identificadas no solo ofrecen un modelo replicable en otras regiones, sino que también aportan valiosas recomendaciones para optimizar las políticas y los servicios públicos dirigidos a combatir la trata de mujeres y garantizar los derechos de sus víctimas. This paper aims to present good practices in the field of social work and human mobility identified in a case study on trafficking of women in Andalusia, carried out by Red Acoge within the framework of the European Project Global-ANSWER between January and November 2024. The study comprehensively analyses public policies, legislation, social services, and social work practices applied in the support of women victims of sexual trafficking, with particular attention to migrant women. Human trafficking for the purpose of sexual exploitation constitutes one of the most serious human rights violations, disproportionately affecting migrant women. Andalusia, which concentrates almost a third of the victims of trafficking in Spain, is positioned as a key context for examining this phenomenon. Using a qualitative methodology, the study employed tools such as surveys, focus groups and semi-structured interviews with social professionals. This approach allowed for the collection of detailed information on the experiences, challenges and practices of organizations working directly with women survivors of trafficking. The social organizations play a crucial role in several areas: early detection of victims, specialized accompaniment, political advocacy with public administrations, networking with other entities and coordination with key agents such as the State Security Forces, the Public Prosecutor's Office and the Andalusian Women's Institute. Furthermore, the study highlights the relevance of these inter-institutional collaborations to effectively address trafficking in women and improve institutional responses. The analysis also highlights that, despite current efforts, many victims of trafficking remain invisible. According to the Cultura de datos en la trata de seres humanos report —Data Culture in Trafficking in Human Beings report— (Estrada Villaseñor et al., 2024), produced by the University Institute of Studies on Migration of the Pontifical University of Comillas, for every detected victim there are approximately 4.6 unidentified victims in Spain. This detection gap highlights the urgency of strengthening data collection systems and improving identification strategies. Among the most relevant conclusions, it is highlighted that effective cooperation between public administrations and third social action sector entities is essential to address the complex nature of human trafficking. It also emphasizes the need to strengthen the resources and capacities of social organizations, which play a central role in the care and protection of victims. The good practices or best practices identified not only offer a replicable model for other regions but also provide valuable recommendations for optimizing public policies and services aimed at combating trafficking in women and guaranteeing the rights of its victims.
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