https://hdl.handle.net/10481/4379 2026-04-18T05:46:10Z 2026-04-18T05:46:10Z García Pérez, Rosa María https://hdl.handle.net/10481/112537 2026-03-27T11:28:48Z

Personalización publicitaria basada en inteligencia artificial y categorías especiales de datos personales de los consumidores García Pérez, Rosa María Este trabajo aborda la explotación de datos personales de los consumidores con fines de publicidad comercial personalizada. Este trabajo presta especial atención, tras recientes iniciativas legislativas europeas en materia digital, a la problemática relativa a las bases legales que legitiman el tratamiento de datos personales con esta finalidad, especialmente cuando se trata de datos sensibles, en muchos casos «invisibles» por escapar al conocimiento y control del consumidor.; This paper examines the use of consumers’ personal data for the purposes of personalised commercial advertising. In light of recent European legislative initiatives in the digital sphere, this paper pays particular attention to the issues surrounding the legal bases that justify the processing of personal data for this purpose, especially where sensitive data is concerned, which is often ‘invisible’ as it escapes the consumer’s knowledge and control.

Castillo Parrilla, José Antonio https://hdl.handle.net/10481/111597 2026-02-26T13:13:59Z

A vueltas con el agotamiento del derecho de distribución en los contratos llamados "de suministro de contenidos digitales". A propósito de la STJUE de 12 de octubre de 2016 (C-166/2015) Castillo Parrilla, José Antonio La STJUE de 12 de octubre de 2016 se pronuncia acerca del agotamiento del derecho de distribución matizando la doctrina de la STJUE de 3 de julio de 2012 (Usedsoft v. Oracle). En 2012 afirmó que los contratos de licencia de uso y de compraventa son análogos a los efectos del agotamiento del derecho de distribución siempre que no se trate de licencias temporales, sin establecer otro condicionante. En 2016 limita los casos en que puede invocarse el agotamiento del derecho de distribución a aquellos en que el programa de ordenador se revende en el soporte original en que fue adquirido. Este segundo pronunciamiento, más restrictivo que el de 2012 en cuanto a los supuestos en que puede aplicarse la regla del agotamiento del derecho de distribución ignora un principio básico del comercio electrónico como es el principio de equivalencia funcional, y podría dejar vacía de contenido la regla del agotamiento en los contratos de suministro de contenidos digitales en copia física, lo que supondría un empobrecimiento del consumidor.; The CJEU ruling of 12 October 2016 addresses the exhaustion of distribution rights, clarifying the doctrine of the CJEU ruling of 3 July 2012 (Usedsoft v. Oracle). In 2012, it stated that licence agreements and sales contracts are analogous for the purposes of the exhaustion of distribution rights, provided that they are not temporary licences, without establishing any other conditions. In 2016, it limited the cases in which the exhaustion of distribution rights can be invoked to those in which the computer program is resold on the original medium on which it was purchased. This second ruling, which is more restrictive than that of 2012 in terms of the cases in which the rule of exhaustion of the right of distribution can be applied, ignores a basic principle of e-commerce, namely the principle of functional equivalence, and could render the rule of exhaustion meaningless in contracts for the supply of digital content in physical copy, which would lead to consumer impoverishment. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado “La Estrategia para el Mercado Único Digital Europeo y sus consecuencias jurídico privadas, tributarias y penales”, financiado por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, del que el autor forma parte como investigador.

López Frías, Ana María https://hdl.handle.net/10481/110014 2026-01-21T11:46:34Z

¿Tiene que intervenir el legitimario en la partición cuando el testador ha manifestado que está cubierta su legítima con una donación o un legado? López Frías, Ana María El causante no siempre instituye herederos a sus legitimarios. A veces asigna a alguno de ellos su legítima mediante una donación o un legado y manifiesta en el testamento que tal atribución es suficiente para colmar la parte de la herencia que legalmente le corresponde. Se plantea entonces la pregunta de si, en el Derecho común, ese legitimario no heredero debe prestar o no su consentimiento en la partición convencional. El presente trabajo analiza este problema desde una múltiple perspectiva (legal, doctrinal, jurisprudencial y registral) para después exponer la opinión de la autora y examinar si estamos en estos supuestos ante una partición realizada por el testador que haga innecesario el acuerdo unánime de los interesados en la herencia. Al mismo tiempo, se indican posibles alternativas de lege ferenda dirigidas a evitar las situaciones de bloqueo que pueden presentarse si se considera imprescindible la intervención en la partición de todos los legitimarios conforme al Derecho vigente.

García Garnica, María Del Carmen https://hdl.handle.net/10481/107988 2025-11-14T09:15:43Z

La protección jurídico-civil de las personas con discapacidad García Garnica, María Del Carmen En las últimas décadas, el modelo de atención a la discapacidad y la dependencia ha experimentado una profunda transformación en el ordenamiento jurídico español, desplazando el antiguo enfoque tutelar y paternalista por un modelo social orientado a la promoción de derechos y la autonomía de las personas con discapacidad. Este cambio ha implicado la incorporación de medidas jurídicas que, de manera transversal, afectan al Derecho Civil, buscando garantizar la dignidad, la inclusión y la participación plena en la sociedad. En la esfera personal, se prioriza la autonomía mediante sistemas de apoyo individualizado, la modificación judicial de la capacidad de obrar como recurso excepcional, y la adopción de instrumentos preventivos como la autotutela, los poderes preventivos y las instrucciones previas en el ámbito sanitario y asistencial. Paralelamente, se han desarrollado mecanismos destinados a proteger y asegurar el patrimonio y la cobertura de necesidades de estas personas, complementando las prestaciones públicas con figuras jurídico-privadas como el patrimonio protegido, seguros de dependencia, hipotecas inversas, rentas vitalicias, contratos de alimentos y disposiciones sucesorias específicas. En conjunto, estas medidas reflejan la evolución hacia un marco jurídico que combina la salvaguarda de la autonomía personal con la protección efectiva de intereses patrimoniales, si bien persiste la necesidad de seguir adaptando el ordenamiento a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente a los postulados de la Convención de la NU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su análisis y sistematización ha sido el objeto de este trabajo.; In recent decades, the model of care for disability and dependency has undergone a profound transformation in Spanish legal system, shifting from the old tutelary and paternalistic approach to a social model focused on promoting rights and the autonomy of persons with disabilities. This change has involved the incorporation of legal measures that, in a cross-cutting manner, affect Civil Law, aiming to guarantee dignity, inclusion, and full participation in society. On a personal level, autonomy is prioritized through individualized support systems, judicial modification of legal capacity as an exceptional measure, and the adoption of preventive instruments such as self-guardianship, durable powers of attorney, and advance directives in the healthcare and social care fields. At the same time, mechanisms have been developed to protect and secure the assets and meet the needs of these individuals, complementing public benefits with private legal instruments such as protected estates, dependency insurance, reverse mortgages, life annuities, food contracts, and specific testamentary provisions. Taken together, these measures reflect the evolution toward a legal framework that combines safeguarding personal autonomy with the effective protection of property interests, although there remains a need to continue adapting the legal system to international human rights standards, particularly the principles of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The analysis and systematization of these aspects have been the focus of this paper.

García Garnica, María Del Carmen https://hdl.handle.net/10481/107987 2025-11-14T09:09:44Z

Consideraciones generales sobre la Ley 8/2021: de la incapacitación a la salvaguarda de la autonomía de persona con discapacidad García Garnica, María Del Carmen La Ley 8/2021 representa la reforma más profunda del Derecho privado reciente en España, al redefinir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y afectar todos sus actos y relaciones jurídicas, tanto personales como patrimoniales. La norma prioriza los apoyos voluntarios, permitiendo que cada persona anticipe decisiones sobre cuidados, administración de bienes y elección de apoyos, desplazando el concepto de “interés superior” por el respeto a la voluntad, dignidad y derechos fundamentales, promoviendo su autonomía y plena personalidad. Con este punto de partida, en este trabajo se analizan algunos interrogantes, lagunas y antinomias de la nueva regulación. Se destaca que la ley introduce cambios significativos en obligaciones, contratos y responsabilidad civil, generando interrogantes sobre la interpretación de conceptos como “aprovechamiento de la discapacidad”, la anulabilidad de contratos, y los tipos de responsabilidad (directa, solidaria o subsidiaria), así como la exclusión de responsables que actúen como apoyos voluntarios. También se contemplan medidas de vigilancia y control, voluntarias o judiciales, para proteger a las personas de abusos o influencias indebidas, con revisión periódica y aplicación excepcional de apoyos judiciales cuando no pueda determinarse la voluntad de la persona, cuya implementación práctica deberá llevarse a cabo de forma que no menoscabe los derechos y la dignidad de las personas afectadas. En el ámbito procesal, la ley plantea retos sobre el acceso a la justicia, la comparecencia personal y la intervención de abogados, así como la necesidad de armonizar otras normas como consentimiento informado, voluntades anticipadas o legislación societaria. En suma, se pone de manifiesto que la implementación de la reforma exige un esfuerzo significativo de intérpretes, jueces, profesionales y la sociedad, buscando garantizar la igualdad real, la dignidad y la seguridad jurídica.; Law 8/2021 represents the most profound reform of private law in recent years in Spain, as it redefines the legal capacity of persons with disabilities and affects all their legal acts and relationships, both personal and patrimonial. The law prioritizes voluntary supports, allowing each individual to anticipate decisions regarding care, asset management, and the choice of supports, replacing the concept of “best interests” with respect for the person’s will, dignity, and fundamental rights, thereby promoting their autonomy and full personality. From this starting point, this paper analyzes some of the questions, gaps, and contradictions in the new regulation. It highlights that the law introduces significant changes in obligations, contracts, and civil liability, raising questions about the interpretation of concepts such as “taking advantage of a disability,” contract annulability, and types of liability (direct, joint, or secondary), as well as the exclusion of those acting as voluntary supports from liability. The law also provides for voluntary or judicial monitoring and control measures to protect individuals from abuse or undue influence, with periodic review and exceptional application of judicial supports when a person’s will cannot be determined, ensuring that practical implementation does not undermine the rights and dignity of the affected individuals. In procedural matters, the law poses challenges regarding access to justice, personal appearance, and the involvement of lawyers, as well as the need to harmonize other regulations, such as informed consent, advance directives, or corporate law. In sum, the implementation of the reform requires a significant effort by interpreters, judges, professionals, and society as a whole, aiming to ensure real equality, dignity, and legal certainty.