1. Crisis económica, ruptura del pacto keynesiano y globalización

A finales de los años setenta y durante casi toda la década de los ochenta la realización de diagnósticos sobre los fenómenos del desempleo, la precarización laboral y la consecuente exclusión social constituían tareas relativamente sencillas, los correspondientes resultados se mostraban coherentes e, incluso, contaban con cierto consenso académico, aunque no, por supuesto, con el de todos los agentes sociales implicados.

El predominio de la denominada sociedad del bienestar, que había conseguido corregir los fallos de la insensata mano invisible y sustituir la lucha de clases por el acuerdo entre los principales contendientes, se asentaba en el denominado pacto keynesiano, por el que los sindicatos de clase mayoritarios participaban del entramado del poder del Estado que, por otro lado, desarrollaba un papel claramente intervencionista y redistribuidor de la renta.

En el marco más estricto de la producción, certeramente caracterizado por la cadena fordista y el blue collar (1), la precarización laboral, señaladamente, el empleo sumergido, era globalmente explicada desde el individualismo metodológico, con suficientes capacidades analíticas y predictoras, por la racionalidad económica de la ventaja neta, esto es, el empleador evaluaba las ventajas e inconvenientes de llevar a cabo una contratación ilegal de trabajadores y, como de ello resultaba una ventaja neta esperada, efectivamente procedía de este modo. Por otro lado, al empleado, si quería trabajar, no le quedaba más remedio que aceptar estas condiciones, dado el excedente de mano de obra existente. De esta explicación salvamos, claro está, los casos particulares y menos significativos de determinados grupos sociales, tales como algunos funcionarios, técnicos cualificados, etc., que se empleaban clandestinamente a tiempo parcial y fuera de su jornada y empleo principales, de lo que empresario y trabajador obtenían simultáneamente ventajas derivadas del impago de las cotizaciones sociales.

Como variable coyuntural se introdujo la crisis económica, esto es, internalizada por los empresarios una determinada tasa de ganancia en tiempos de bonanza económica o de estabilidad, cuando sobrevenía la crisis decidían sumergirse, es decir, no pagar impuestos, no dar de alta en la S.S., a los trabajadores, etc. como mecanismo más fácil e inmediato de recomponer su anterior situación ventajosa. En definitiva, las restricciones a la acumulación que impone el Estado social a las empresas, en un ambiente de crisis económica, son superadas a través de la ruptura del pacto keynesiano.

Resulta evidente que la otra vía existente, teóricamente disponible para producir mejoras sustanciales en sus ingresos y costes, es decir, la innovación tecnológica, de producto, comercial, etc., resultaba más difícil de adoptar, sobre todo, para empresas, en general, bastante atrasadas tecnológicamente y que hasta esas fechas habían estado protegidas de la competencia internacional. Por esta razón, en el ámbito más estricto de la producción, el modelo fordista se transforma a través de un proceso de informalización, deslocalización, difusión, ocultación, etc, de las actividades económicas que trae consigo una fragmentación en los tradicionales agentes sociales. Desempleo, mercados de trabajo segmentados, precarización laboral, marginación..., en síntesis, la dualización constituye la base sociolaboral del posfordismo.

En este último marco se explica el espectacular crecimiento de los procesos de descentralización y deslocalización, llevados a cabo en las décadas de los setenta y ochenta de numerosas instalaciones industriales, en sectores tales como el textil, calzado, marroquinería, etc., con el consiguiente desarrollo de centros de producción clandestinos, del trabajo a domicilio, etc., que ya contaban con alguna tradición en zonas como Valencia y Cataluña o Ubrique.

Por el lado de los excluidos sociales, en menor número y origen que los actuales, en general, se trataba de personas que no disponían de capital humano y, por ello, de empleo, que habían sufrido alguna desgracia personal o patrimonial, escasas minorías étnicas. Es decir, las situaciones de marginación y pobreza eran conceptos situados en una periferia social desencajada de los circuitos de reproducción y acumulación, fuera del mundo del trabajo y del movimiento obrero y, como consecuencia de ello, su responsabilidad era traspasada al Estado. En todo caso, pese al menor nivel relativo de renta de esa época, el fenómeno de la exclusión social de origen laboral tenía entre nosotros un carácter menos marcado del que exhibe hoy, a lo que contribuía, sin duda, el papel amortiguador de las necesidades sociales que la familia tradicional, como proveedora de la cobertura de las necesidades primarias de todos sus miembros, tenía en España, el menor número de excluidos potenciales y el pujante papel del Estado del Bienestar.

Pero hoy, el análisis individualizado y, más aún, el estudio conjunto de los fenómenos de precarización laboral y de la exclusión social en Andalucía se complican, porque a las limitaciones existentes tradicionalmente para estudiar estos fenómenos, hay que añadir una serie de fenómenos y acontecimientos socioeconómicos y tecnológicos que se están desarrollando y sobre los que, aunque tengamos intuiciones, no resulta clara y contrastada su resolución final.

Entre otros, adquieren especial relevancia:

1. La tendencia hacia la gran empresa industrial del modelo fordista, explicada por razones provenientes de la integración de las unidades productivas y que operó una gran inflexión durante la crisis económica, ahora es definitivamente truncada. A este fenómeno ha colaborado significativamente la aplicación de las nuevas tecnologías a la información y a la comunicación, que han posibilitado la flexibilización de los costes fijos empresariales y la consecuente recomposición de su tasa de beneficio. Estos cambios han provocado que el poder otorgado por la monopolización empresarial se traslade desde la fase de producción a la de distribución. De este modo, la planta industrial se instala en los emplazamientos en los que el coste del trabajo, probablemente precario, es más bajo, en tanto que su ámbito comercial, con elevado grado de monopolización, se extiende prácticamente a escala planetaria.

2. La implantación y desarrollo del teletrabajo en numerosos sectores de la actividad económica están ocasionado importantes transformaciones en la organización empresarial. La mayor parte de ellas están fundamentadas en la búsqueda de una mayor eficiencia privada, sobre todo, en el manejo de la información, pero a la que colaboran también la reducción de los costes de las instalaciones, de los costes de los desplazamientos, etc. Incluso, algunos de sus efectos, colateralmente, mejoran la eficiencia social, mediante un descenso del coste de las infraestructuras necesarias, reducción del tráfico y, consecuentemente, de la congestión urbana, etc.

Sin embargo, algunas de sus aplicaciones, tal es el desarrollo del teletrabajo en el ámbito del hogar, el teletrabajo a domicilio, acarrea transformaciones muy relevantes en el concepto de trabajo, señaladamente, en sus dimensiones sociales y que, a estos fines, constituye una modalidad particularmente propensa a desarrollarse en condiciones de precariedad laboral. El teletrabajo posibilita la ampliación de la cualificación profesional y social de los sujetos del tradicional trabajo a domicilio. Ya no son proclives a esta modalidad de empleo sólo las personas con escasa cualificación laboral del sector textil, calzado, o marroquinería, sino que ahora lo son también y de forma creciente: científicos, profesionales, técnicos muy cualificados, tales como, arquitectos, economistas, analistas informáticos, traductores, entre otros.

3. El proceso de globalización económica y la financierización internacional de la crisis están causando el empobrecimiento relativo de bastantes zonas del planeta, a la vez que dificultando la utilización de políticas de demanda y reduciendo las de oferta a la realización de reformas laborales, casi en exclusividad, en la dirección del descenso de los costes salariales mediante la precarización del trabajo. El intento de algunos miembros de éstos países de buscar otros emplazamientos más habitables se encuentra con el escenario de una globalización económica asimétrica, es decir, que facilita la libre circulación de capitales, pero no así la de personas que, en consecuencia, se ven obligadas a emigrar con la finalidad de emplearse en otros países más ricos en condiciones precarias e ilegales.

4. En España, junto a la clase obrera tradicional aparece una subclase en la que a la pobreza patrimonial se le añaden otros motivos de exclusión social, tales como la inmigración, señaladamente, la ilegal, juventud junto a inexperiencia y desconexión de los ambientes laborales, obsolescencia de viejas clases obreras , incluso de técnicos. O sea, la división tradicional entre pobres y ricos se amplia ahora entre ciudadanos de primera clase y otros que no tienen derecho efectivo ni a la propia ciudadanía, es decir, los excluidos.

La ampliación de las desigualdades y los consiguientes fenómenos de exclusión desvelan que necesidades sociales que antes eran cubiertas satisfactoriamente por el Estado del Bienestar empiezan a no estarlo y, en algún caso, a ser provistas desde un Estado asistencial o de organizaciones religiosas y voluntarias. En definitiva, la pobreza y la exclusión empiezan a dejar de ser un estado estacionario al que son propensos algunos colectivos sociales para convertirse en un peligro constante, incluso, para los bien situados ahora.

En estas condiciones, siquiera realizar una mera descripción de la situación y, menos aún, llevar a cabo los análisis socioeconómicos pertinentes, constituyen tareas extremadamente difíciles, porque, en primer lugar, se producen cambios substanciales en reducidos espacios de tiempo y, en todo caso, los datos disponibles sobre la casi totalidad de estos fenómenos no son oficiales ni, en todo caso, suficientes, sino que, por el contrario, es preciso obtenerlos de estudios realizados ex profeso. En realidad, las probabilidades de atemporalidad e impertinencia de los datos disponibles son altas y, consecuentemente, los análisis basados en los anteriores también serán seguramente erráticos.

Pues bien, contando con esta gran limitación, o, de otra forma, afrontando este reto, en las páginas que siguen voy a discutir acerca de los siguientes puntos principales:

1. Mercado de trabajo en Andalucía, sobre todo, del fenómeno del desempleo y de la precarización laboral.

2. ¿Qué relación existe entre la evolución de la precarización laboral y los fenómenos de exclusión social en Andalucía?

3. Algunas prevenciones e indicaciones acerca de la política de empleo y contra la exclusión social derivada.

2. Mercado de trabajo en Andalucía y exclusión social: ¿va la economía bien?

El análisis socieconómico de los resultados, obtenidos de la comparación de algunos datos oficiales del mercado de trabajo con otros indicadores macroeconómicos, ofrece numerosas inconsistencias, algunas de las cuales tratamos de desvelar a continuación.

En España, al finalizar el siglo XX, los parados suman 2,5 millones, los empleados temporales 3,6 millones y los contratados forzosamente a tiempo parcial 0,7 millones (INE 2000). Si a estas cifras se unen las estimaciones hechas sobre el empleo oculto (Ministerio de la Presidencia 1988, Fundación FOESSA 1995 y Castillo 1996) y el paro encubierto y, teniendo en cuenta los solapamientos entre estas cifras, el conjunto de estas situaciones de desempleo, precariedad e inestabilidad laboral afecta a unos diez millones de personas, lo que equivale a un 60% de la población activa.

Por otro lado, los agregados obtenidos de la Contabilidad Nacional y otros indicadores macroeconómicos oficiales muestran, aunque con oscilaciones, un incremento mantenido de la producción, que ha multiplicado por cuatro esta magnitud desde los años 50. Entre 1996 y 1999 se triplicaron los valores de las cotizaciones en bolsa, los bancos y otras grandes empresas muestran balances brillantes, el Gobierno ha superado el examen de Mastrich...

El resultado de todo lo anterior resulta paradójico, es decir, que España va bien cuando, sin embargo, a la mayoría de los españoles les va mal.

En particular, en Andalucía, a la luz de las estadísticas oficiales disponibles, la situación socieconómica está más deteriorada que en otras regiones de España: el PIB andaluz per cápita es el 72% de la media nacional, el gasto medio por andaluz el 80% , el 18% de la población española acumula el 33% por ciento del desempleo (Martín Rodríguez 1997), esta tasa es en Andalucía casi el 13% superior a la nacional, el 45% de los trabajadores andaluces tienen empleos precarios frente al 32% de la nacional, las desigualdad en la distribución de la renta es mayor que la media nacional e, incluso se ha agravado en los últimos año (Jaén y Molina 1999).

En Andalucía, de igual forma que en otros lugares de España, el número de nuevos empleos ha crecido más lentamente que la población activa, la potencialmente activa o la producción. Esto es, nuestro modelo de desarrollo económico está generando el aberrante resultado de un crecimiento sin empleo, causado particularmente por la sustitución neta de mano de obra por nuevas tecnologías en el conjunto de la actividad económica.

Como la evolución del mercado de trabajo y, en particular, de la tasa de desempleo, del grado de temporalidad y otras formas de precarización laboral constituyen en la actualidad el principal indicador del éxito o fracaso en el ejercicio del Gobierno, las distintas administraciones responsables de la política de empleo están interesadas, particularmente, en que en las fechas próximas a los correspondientes procesos electorales, las estadísticas oficiales muestren una evolución de las anteriores variables lo más favorable posible, o, en su caso, desvirtuarla si no ocurre así.

Los argumentos recurrentes son de los siguientes tipos:

"El denominado paro encubierto no se puede contabilizar en la verdadera tasa de desempleo porque, en realidad, corresponde a personas que no desean trabajar, como inequívocamente lo señalan en la EPA, al ser preguntadas por el entrevistador si buscan activamente empleo o no.

   Los contratos temporales y a tiempo parcial no pueden calificarse como precarios porque son voluntarios e, incluso, propiciados por parte de los trabajadores, particularmente, por personas que tienen otras ocupaciones (amas de casa, estudiantes, rentistas). Muy al contrario, estas formas de contratación constituyen medidas flexibles para incrementar el empleo, de tal suerte que quienes las rechazan, en realidad, desvelan que no quieren trabajar.

   El paro registrado por el INEM no llega a 1,5 millones de personas, es decir, es sustancialmente inferior al mostrado por la EPA.

   Pero, incluso, hay menos desempleados de lo que muestran las estadísticas disponibles, ya que lo cierto es que hay un gran número de trabajadores que lo hacen en la economía sumergida porque así lo han decidido libremente. En todo caso, siempre será mejor para ellos obtener unos ingresos aunque no estén dados de alta en la Seguridad Social que permanecer realmente desempleados. 

   Por el lado de los mendigos permanentes, transeúntes y otros excluidos, que abundan cada vez más en nuestras ciudades, el incremento de su número se debe a la existencia de los servicios sociales que le proporcionan alojamiento y alimentación. Se trata de personas que no quieren trabajar, ya que el que realmente lo desea siempre encuentra algo, aunque sea fregando escaleras, en el caso de las mujeres, o en el campo, para los hombres que, por cierto y por esta causa está cada día más abandonado, etc." (¡Sic!)

3. El trabajo irregular en Andalucía (2)

3.1. Índice de irregularidad laboral de la economía andaluza

La distribución del empleo irregular por comunidades autónomas se ha sintetizado en el siguiente cuadro:

Andalucía, con un indice del 17'9%, ocupa el octavo lugar entre las comunidades autónomas más irregulares. La explicación de este elevado Índice de Irregularidad Laboral, por supuesto, radica tanto en la importancia cuantitativa de los segmentos de población que conforman la denominada oferta de empleo irregular como en la estructura sectorial de la economía andaluza, que determina la demanda de este tipo de empleo.

3.2. La opinión de los expertos

Los principales resultados obtenidos de la encuesta realizada a expertos en el mercado laboral andaluz se sintetizan de la siguiente forma (Castillo 1996):

a) Actividades económicas y comarcas andaluzas caracterizadas por tener un alto Índice de Irregularidad Laboral.

b) Factores que, según los expertos, determinan que la tasa de empleo irregular sea más alta en Andalucía que en otras comunidades.

Aunque potencialmente la mayor parte de los trabajadores pueden desarrollar sus tareas en condiciones irregulares, los colectivos que se muestran más proclives a esta situación son los pluriempleados, los ocupados marginales, los subempleados, los desempleados oficiales (particularmente los que no cobran los correspondientes subsidios), los inactivos y la denominada población contada a parte. Sobre esta base, la oferta potencial de trabajo irregular en Andalucía representa el 67,78% de las personas en edad activa.

Por el lado de la demanda de trabajo irregular, los considerables pesos relativos que tienen en Andalucía actividades económicas tales como la agricultura, los servicios, la construcción y las industrias manufactureras, poco desarrolladas tecnológicamente, descentralizadas e, incluso, con criterios de localización difusos; junto al consecuente predominio general de las pequeñas empresas en todos los sectores, explican que una parte considerable de la economía andaluza presente las características idóneas para desarrollarse en condiciones ilegales desde la óptica laboral.

c) La opinión mayoritaria que según los expertos, tienen los empresarios andaluces sobre el empleo irregular, es que éste constituye un refugio transitorio de sus empresas para poder sobrevivir y que no les queda más remedio que utilizarlo porque todo el mundo lo hace.

d) Los hechos que, según los expertos, tendrían que producirse para que las empresas andaluzas que contratan trabajadores irregulares dejasen de hacerlo son diversos, pero casi todos ellos coinciden en la reducción de las cargas sociales, más y más eficientes sanciones, mayores facilidades para despedir empleados, entre otros.

e) Rotación y retribuciones en los puestos de trabajo en el mercado irregular.

Más del 60% de los expertos coinciden en que existe una alta rotación en el mercado de trabajo irregular. La mayoría también opina que los trabajadores frecuentemente irregulares suelen cambiar de trabajo a lo largo de su vida entre 3 y 10 veces.

Las retribuciones netas, libres de impuestos y de la cuota obrera a la Seguridad Social, percibidas por los trabajadores regulares son ligeramente inferiores, en torno a un 15%, a las percibidas por los irregulares. Esto significa que la cuota patronal a la Seguridad Social y los impuestos no retenidos ni, por tanto, ingresados se reparten entre empresarios y trabajadores, pero correspondiendo a los primeros la mayor parte.

f) El perfil del trabajador y de la empresa irregulares.

Los expertos encuestados afirman que el 45% de los trabajadores irregulares suelen desarrollar su labor como asalariados. Con un porcentaje ligeramente inferior al trabajo por cuenta ajena, los expertos señalan que aproximadamente el 40% del trabajo irregular se realiza por «cuenta propia».

Los trabajadores irregulares, o no tienen estudios o, si los tienen, éstos son elementales (Graduado Escolar o Bachillerato elemental). Por tanto, existe una relación inversa entre el nivel educativo y la probabilidad de encontrarse en el mercado irregular, pero esta relación no partiría desde «ninguna preparación especial», porque se necesita algún tipo de cualificación profesional para constituir en un trabajador típicamente sumergido, en la encuesta, «graduado escolar o bachillerato elemental».

El estado civil de los trabajadores afecta escasamente al grado de participación global en la economía irregular, pero sí significativamente al tipo de empleo irregular desarrollado. Los solteros predominan muy ligeramente en los empleos precarios a jornada completa, en tanto que los casados lo son en empleos precarios a tiempo parcial.

La empresa irregular típica andaluza es de reducido tamaño, en cuanto al número de empleados y también respecto a su volumen de negocio, intensiva en la utilización del factor trabajo, poco avanzada tecnológicamente y, finalmente, una proporción muy significativa de ellas no realizan sus actividades en talleres clandestinos, si no que lo llevan a cabo de forma ambulante, en los lugares donde se prestan los servicios.

3.3. Distribución espacial de empleo irregular en Andalucía

La observación conjunta de la distribución comarcal andaluza de la renta per cápita estimada mediante indicadores objetivos, del paro registrado y de las tasas de actividad arroja resultados, a primera vista, paradójicos: se produce una correlación positiva entre las comarcas que constituyen bolsas de paro y aquéllas otras que tienen una renta per cápita superior a la media regional.

Este resultado encuentra su justificación, en parte, en los movimientos migratorios interregionales, pero, sobre todo, en la existencia de bolsas de economía oculta. La actividad económica real superior a la oficial se manifiesta en los indicadores objetivos, a partir de los que se estima la renta familiar disponible municipal pero, por supuesto, no en el paro registrado.

Por esta razón se han considerado indicadores adecuados de la existencia de economía oculta los cocientes de renta disponible per cápita/tasa de ocupación y el de renta disponible per cápita/tasa de actividad con valores elevados.

Globalmente, los resultados obtenidos más relevantes son:

1. La importancia del sector agrario y su difusión por todo el espacio regional y el elevado Índice de Irregularidad Laboral de esta actividad ocasionan que la economía sumergida sea un fenómeno económico difundido por toda la Comunidad Autónoma.

2. Las bolsas de ocultación más nítidamente definidas están relacionadas con áreas donde se dan altas tasas de paro y bajas tasas de actividad. Lo que desvela que en Andalucía los desempleados y los inactivos constituyen dos de los colectivos principales que integran la oferta de trabajo irregular.

3.4. Consecuencias del desempleo y de la precarización laboral

Las consecuencias del desempleo involuntario no se reducen sólo a la pérdida o a la disminución transitorias en la obtención de ingresos, sino que frecuentemente conducen a quienes lo padecen a situaciones de pobreza extrema y, en consecuencia, de marginación social.

El desempleo, el tipo más grave de precarización laboral, constituye en nuestra sociedad la causa más relevante de exclusión social, toda vez que el trabajo tiene una dimensión más amplia que la correspondiente, simplemente, a estar ocupado durante la jornada laboral. La importancia del trabajo, con ser la siguiente extraordinariamente relevante, va más allá de constituir la principal fuente de recursos para la mayoría de la población. Su ausencia o pérdida constituye un seguro motivo para sufrir un significativo descenso en el estatus y en el bienestar sociales, siendo origen, en los casos más persistentes, de marginalidad social e, incluso, del deterioro de la salud, señaladamente, en aquellas personas que tienen responsabilidades familiares.

Desde una perspectiva macrosocial, el desempleo y el trabajo precario constituyen junto a la contaminación las principales contradicciones de nuestro sistema socioeconómico y delatan la irracionalidad, la insolidaridad, la irresponsabilidad y, sin eufemismos, la insostenibilidad (3) de este modelo de desarrollo. Por el lado del desempleo, éste constituye el gran despilfarro social, en tanto que por esta causa se obliga a muchas personas a permanecer inactivas laboralmente, mientras que existen numerosísimas necesidades sociales reales por cubrir (malnutrición, niños sin escolarizar, ancianos y enfermos abandonados o mal atendidos, naturaleza deteriorada...).

Además de las consecuencias sociales más globales, como la perversión del Estado del Bienestar y el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, la precarización laboral genera otros efectos más estrictamente económicos, tales como el falseamiento de los auténticos valores de los indicadores económicos, políticas económicas erróneas, clandestinaje de una parte de la actividad de las empresas, la competencia desleal entre ellas, con la consecuente pérdida de eficiencia del sistema; el efecto autogenerador de los fraudes laborales, efectos regresivos en la distribución de la renta, etc.

Desde la óptica más estrictamente sindical, en las empresas en las que predomina el trabajo precario, estas organizaciones no existen formalmente o no desempeñan adecuadamente su misión y, como consecuencia de ello, pese a existir derechos laborales recogidos en la legislación, no se dan las condiciones necesarias para hacerlos efectivos. Es más, hay trabajadores que en una carrera de autoexplotación y servilismo compiten indignamente con sus propios compañeros en beneficio de sus empleadores.

3.5. Efectos de las reformas laborales sobre la precarización

Las reformas laborales que han sido desarrolladas en España, principalmente, las de 1984, 1994 y 1997, han tenido como consecuencias principales, por un lado, la reducción de los costes salariales para la empresa (retribuciones inferiores para los jóvenes, no obligatoriedad de incrementar la retribución de las horas extras, posibilidad de no remunerar la antigüedad, abaratamiento de los despidos, subvenciones por la creación de empleo) y, por otro, la precarización de las relaciones laborales, vía, sobre todo, de la flexibilización en el uso del factor trabajo por parte de los empresarios (plan de empleo juvenil y los contratos en prácticas y de formación, el decretazo que endurece las condiciones de cobro del desempleo, las agencias de colocación privadas y las empresas de trabajo temporal).

Ambos tipos de medidas han sido reiteradamente justificadas desde la Administración por la necesidad de incentivar la actividad económica, por la obtención de una sustancial mejora en la competitividad frente al exterior y el consecuente incremento del empleo. Sin embargo, estos quince años de desregulación de las relaciones laborales no han conseguido las finalidades que le han servido de coartada, sino que han tenido como consecuencia no sólo el que gran parte de los nuevos contratos fuesen precarios, sino también la sustitución de trabajo regular y, en menor medida, desempleo real, por trabajo precario (empleos de jornada laboral completa por otros a tiempo parcial, contratos indefinidos por otros temporales).

En síntesis, la profundización en la dualización o segmentación del mercado de trabajo, es decir, en la brecha existente en las condiciones de vida entre unas personas con empleos estables y bien remunerados y otras desempleadas o con trabajos precarios y menos remunerados o, dicho de otro modo, en la profundización de las desigualdades sociales y en la taiwanización de nuestra economía. En todo caso, este fenómeno incide negativamente y de forma significativa en el bienestar social colectivo, toda vez que los ingresos por trabajo son los únicos de los que dispone la mayor parte de la gente y la calidad de la vida y todas sus fases decisivas (juventud y formación, edad madura y actividad laboral y protección social y vejez, y las correspondientes pensiones) están significativamente influidas por las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

Pero resulta que, incluso, las finalidades explícitamente perseguidas por las reformas laborales carecen de apoyatura teórica.

La reducción de los costes salariales para las empresas, bien vía flexibilización en el uso del factor trabajo o bien mediante el pago de retribuciones laborales o de cotizaciones sociales más bajas, puede redundar en una mejora de la competitividad interior de las empresas y, en determinadas condiciones (4), en un aumento del empleo. Pero las rentas del trabajo constituyen lo únicos ingresos monetarios para la mayor parte de la población, por lo que su reducción real desincentiva el consumo general, señaladamente, el de bienes duraderos (vivienda, coche), que están principalmente influenciados por la renta permanente, es decir, por la estabilidad en el empleo. En síntesis, reducción de los salarios reales e inestabilidad en el empleo ocasionan una contracción de la demanda que puede anular e, incluso, superar los efectos beneficiosos sobre la competitividad interna y los pretendidamente inducidos sobre la reactivación económica y el empleo.

La pretendida mejora en la flexibilidad laboral se ha traducido casi exclusivamente en un incremento de la tasa de temporalidad desde el 15% al 35%, muy superior a la media comunitaria (12%), que ni siquiera las subvenciones a la contratación indefinida contenidas en la Ley 64/1997 han conseguido reducir.

El diferencial respecto a los países de nuestro entorno en la tasa de temporalidad del mercado de trabajo no va dirigida a la consecución de un determinado nivel, justificado por razones tecnológicas y la propia temporalidad de algunas de nuestras actividades económicas (agricultura y turismo), sino más bien con la precariedad. Es decir, con el uso del poder político y de las instituciones para acentuar la precariedad laboral y apropiarse de los beneficios obtenidos de las subsiguientes reducciones de los costes, en un contexto de sindicatos domesticados y alta tasa de desempleo.

La creciente liberalización económica, claramente a disposición de los empleadores, justificada e impulsada por las tendencias internacionales y no compensada interiormente por los últimos gobiernos, por causa del establecimiento de una cultura individualista y las manidas justificaciones de la competitividad, el poder político y las instituciones, están propiciando la perversión de los valores humanos básicos contenidos en el modelo constitucional, estos son, igualdad, libertad y solidaridad.

Queda, por tanto, el argumento de la reactivación económica únicamente referido a la demanda externa. Pero esta extrema dependencia dejaría nuestra economía sujeta casi en exclusividad a las perturbaciones exteriores, con la consiguiente pérdida real de soberanía nacional. O, lo que tal vez sería más intolerable socialmente, un modelo de desarrollo económico convergente con el de algunos países asiáticos con los que, afortunadamente para nosotros, nunca podremos competir en costes salariales.

Pero, con contundencia, los efectos positivos sobre la reactivación económica nacional mediante la desaparición de mecanismos de protección social tendría efectos intolerables en términos de incremento de las desigualdades sociales y, en todo caso, el argumento de la mejora de la competitividad externa quedará rebatido con suficiencia si se tiene en cuenta que los países de nuestro entorno tienen mejores sistemas de protección social y, sin embargo, mayores cotas de competitividad y consecuentemente menores niveles de desempleo que nosotros.

Afortunadamente, la mejora de la competitividad de la economía no tiene que venir necesariamente de la mano de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, mediante la precarización del empleo. Tampoco de la reducción de las cotizaciones sociales y de las correspondientes prestaciones sociales. Tampoco de la disminución de las correspondientes retribuciones monetarias, en aras a reducir el precio de los productos. Existen las alternativas de la mejora en la calidad de los productos, producciones respetuosas con el medio ambiente, ventajas obtenidas de la alta cualificación de la mano de obra, la innovación tecnológica en productos nuevos.

3.6. ¿Por qué no se han producido convulsiones sociales en Andalucía?

Uno de los enigmas oficiales que se evidencia es la explicación de por qué en Andalucía con las cifras oficiales de desempleo, situadas en torno a 12 puntos por encima de la media española, un grado superior a la media nacional de precariedad laboral, sin embargo, no se producen convulsiones sociales.

Las explicaciones esgrimidas son de diverso signo:

-En Andalucía, la intervención del Estado a través de una actividad asistencial no inocente, que incluye diversos subsidios sociales, principalmente el PER, activa mecanismos específicos de supervivencia, favorece la aparición y el desarrollo de mecanismos sociales de reciprocidad, se desmercantiliza el trabajo. Todo lo cual garantiza en condiciones económicas, incluso, críticas, el control del conflicto social.

-El papel de la familia en la cultura andaluza es decisivo en la amortiguación de las desigualdades existentes entre sus miembros.

-Las cifras de desempleo oficiales son inferiores a las reales por causa de la existencia de empleos no declarados o irregulares.

Las discusiones respecto a la veracidad de la tasa de desempleo real no están resueltas definitivamente. Las distintas administraciones, señaladamente en fechas próximas a las diversas elecciones políticas, alegan que resulta suficientemente demostrado, tanto por investigaciones científicas como por el conocimiento popular, la existencia de trabajadores que realizan su labor en parte o totalmente al margen de la reglamentación laboral, señaladamente, sin contrato de trabajo y sin que se realicen las correspondientes cotizaciones sociales. Por esta razón, se sostiene que la tasa de desempleo real es inferior a la oficial.

Pero quienes así opinan olvidan intencionadamente a los desanimados y al paro encubierto. Es decir, orillan la existencia de personas en edad de trabajar, que desean tener un empleo remunerado, pero que no lo están buscando activamente, probablemente porque ya se encuentran desanimados (en la terminología de la EPA) y cansados de hacerlo infructuosamente y que por ello no cumplen, por ejemplo, con la obligación de presentarse periódicamente en la correspondiente oficina del INEM. Esta situación afecta prioritariamente a amas de casa, jóvenes, estudiantes y personas sin cualificación profesional alguna.

El resultado es que el efecto de ambos fenómenos que actúan en sentido contrario sobre la cifra de desempleo no está determinado, al menos científicamente, es decir, con metodologías explicitas, contrastadas y equivalentes para ambos conceptos. Pero, en todo caso, las alegaciones al empleo precario son una burda coartada, ya que ni estar realmente desempleado ni trabajar clandestinamente se corresponde con los derechos y obligaciones constitucionales ni con el Estado del Bienestar, por el que mayoritaria y reiteradamente votamos los españoles en las dos últimas décadas. Tampoco los trabajadores realmente desempleados ni la mayor parte de los trabajadores precarios están conformes con su situación.

En definitiva, resulta ser cierto que, como señalan algunos, la existencia de un alto porcentaje de economía sumergida en Andalucía amortigua los potenciales conflictos sociales que corresponderían a las tasas de desempleo existentes oficialmente, sin embargo, la paz socio-laboral generalizada en esta Comunidad, sólo rota por motivos laborales puntuales, tiene otras explicaciones sociológicas e institucionales antes ya señaladas.

4. El empleo y su función integradora/excluyente social

La exclusión social por causa de la carencia o pérdida del empleo es una de las regularidades características de esta sociedad. Constituye un requisito previo a la inserción social la posesión de estabilidad en el desempeño de un trabajo reconocido socialmente e, incluso, aunque esta relación es biunívoca, el tipo de empleo y su remuneración colaboran a definir el estrato social al cual pertenece un individuo.

No obstante, la inserción social y, principalmente, la pertenencia a estratos sociales altos facilitan la integración laboral o la vuelta al empleo, en aquellos casos en que se haya perdido. Aquí radica el fundamento circular de la propuesta de la renta mínima, incluso, para la inserción laboral, toda vez que ésta es decisiva en los fenómenos de exclusión social.

Los trabajadores desempleados realmente y aquéllos otros que son empleados precarios de forma involuntaria tienen las características propias de los excluidos sociales, es decir, las de las personas que no acceden a los mecanismos básicos de integración social: seguridad material, acompañada de vínculos sociales con los demás y con el entorno social (vivienda, salud, garantías de ingresos, acceso a los servicios sociales y, efectivamente, a los derechos políticos y económicos), o que acceden a éstos de una forma tan insegura o precaria que no logran entrar definitivamente en estos vínculos de relación (sindicación, estatus social derivado del empleo cualificado y bien remunerado, representatividad social, derechos laborales).

En particular, para muchos jóvenes, el acontecimiento de comenzar a trabajar, sistemáticamente es visto como un distanciamiento de entidades socialmente rechazadas, permitiéndosele, por el contrario, ubicarse en una posición valorada socialmente. El joven se percibe apreciado por aquéllos que requieren su trabajo, pero sobre todo, admirado por los semejantes de su entorno que lo observan, compañeros de estudios, del barrio, menores o aquéllos otros que no han tenido aún éxito en la búsqueda de empleo.

En los últimos tiempos, en España, en Andalucía y en otros lugares de nuestro entorno, algunas personas, organizaciones políticas y, señaladamente, sus dirigentes, que hasta hace pocos años se declaraban explícitamente solidarios, se encuentran atrapados por la mística del mercado, obnubilados por la metafísica neoliberal, obsesionados por objetivos de la política a corto plazo, como recientemente ha sucedido con el cumplimiento de los objetivos de Mastrich; condicionados por el proceso de globalización económica, que está sirviendo para justificar todas las medidas de política económica y social, incluso, las más intolerables y perjudiciales para la mayoría de la población.

Se están olvidando de que la actividad económica no es un fin en sí mismo o que, por ejemplo, la simple producción de mercancías para cuya obtención se deteriora peligrosamente el medio ambiente necesita, en su caso, una explícita justificación social, es decir, que, en beneficio social de las generaciones actuales y venideras, por ejemplo, las ofertas no pueden crear sus propias demandas, sino que, en todo caso, tiene que producirse al revés. Por esta razón, debemos situar a los seres humanos como centro del eje de la vida social y de la actividad política. En definitiva, que el único objetivo de la política, de la política económica es, o debe ser, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, es decir, principalmente constituir un instrumento para que la gente (la mayor parte de la gente) viva mejor.

En este sentido, bastantes dirigentes sociales olvidan, desconocen u ocultan que cada vez más se abre la brecha existente entre el creciente ejército de marginados y los «honrados ciudadanos». Pero lo que añade gravedad a la situación y lastra sustancialmente las probabilidades de superarla es la falta de conciencia y consecuente desmovilización sociales de la mayoría de los afectados, que buscan salidas individuales y acríticas para resolver su problema de paro, precarización o marginalidad, sin considerar que esta forma de actuación y ese conformismo mental contribuyen a reforzar la situación que padecen.

Por el lado más estricto del desempleo, una de sus características más relevantes que exhibe su dinámica condiciona la viabilidad de la políticas al respecto. Se produce una sustancial asimetría entre la evolución de la tasa de desempleo y los ciclos económicos, esta es, que se destruye empleo en las épocas de recesión económica, pero no se crea en las épocas de expansión. El corolario lógico es que las medidas tradicionales contra el desempleo de carácter estrictamente económico, bien sean por el lado de la demanda del factor trabajo (reducciones fiscales, reducción de costes salariales, incentivos a la actividad económica, subvenciones a la inversión) o de la oferta (formación profesional, empleo a tiempo parcial) son insuficientes para producir una reducción sustancial de la tasa de paro, es decir, resulta imprescindible acompañarlas de otras de carácter sociopolítico (protección ecológica, atención a colectivos marginados), si se pretende dotarlas de eficacia.

Para ello es preciso que, junto a las tradicionales políticas activas de empleo y lucha contra la precariedad y el fraude, tienen que desempeñar un papel protagonista aquéllas que consistan en el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo que colaboren eficazmente en la mejora de la calidad de la vida de la gente, entre ellos, potenciación del trabajo doméstico, de los cuidados sociales, la defensa del equilibrio ecológico y del respeto al medio natural.

Una buena parte de los nuevos yacimientos de empleo que deben potenciarse son propios de la cobertura de necesidades de sociedades maduras. No se trata aquí de cebar la bomba keynesiana, construir obras públicas con una finalidad de expansión económica, que ahora no es necesaria ni posible desde la óptica de un verdadero desarrollo socio-económico. Se trata de nuevos yacimientos de empleo que realmente mejoren el bienestar social en la actualidad, por tanto, de servicios sociales dirigidos a los mayores e infancia, servicios culturales, etc.

La reconversión a una economía ecológica, que no consuma recursos a un ritmo superior al que los produce la naturaleza, sería también positiva para reducir el desempleo. Las energías renovables generan más empleo que las convencionales, el transporte público más que el privado, la agricultura biológica más que la agricultura química, el ahorro de energía más que la construcción de centrales eléctricas, la mejora de la distribución del agua más que la construcción de embalses.

Aunque resultaba cierto para los primeros tiempos que la política ambiental acarreaba con frecuencia la reducción o, incluso, el cierre de algunas actividades económicas y, con ello, una descenso del empleo, hoy ocurre lo contrario. El saldo en términos de puestos de trabajo de la protección ambiental es positivo y la industria ecológica se sirve de empleos sostenibles y duraderos. Es, paradójicamente, la actividad económica que genera degradación ambiental la que imposibilita los empleos del mañana.

Otro de los argumentos empleados para el elevado nivel de desempleo se trata de las elevadas cargas sociales que soporta este factor. Esto es una verdad de Perogrullo, pero descontextualizada carece de virtualidad. Señaladamente resulta incierto el corolario de que la reducción de esta presión fiscal conllevaría mecánicamente a un aumento del empleo.

En todo caso, la mera existencia de una fiscalidad que grava el factor trabajo es una de las causas que favorecen la sustitución de empleos por sistemas de producción relativamente más capitalizados. Pero, en todo caso, y dada la imposibilidad institucional de alterar nuestro nivel de presión fiscal global (restricciones nacional y comunitaria) si se podría redistribuir, aligerando la que soporta el empleo e incrementando la de las actividades que generan contaminación. En Andalucía, por ejemplo, los fondos obtenidos podrían destinarse a potenciar y asegurar el futuro de nuestra principal actividad económica, esta es el turismo, en la que la calidad ambiental constituye factor de producción y el principal atractivo de sus clientes. En este sentido se enmarca la discusión actual que estamos llevando acabo sobre al ecotasa turística, esto es un tributo que gravaría la contaminación causada por los turistas y cuya recaudación sería destinada a restaurar y potenciar el medio natural de Andalucía.

5. Conclusión

El elevado paro constituye el principal problema de Andalucía, siendo necesario emplear una gran cantidad de recursos para solucionarlo o, cuando menos, reducirlo a unos niveles relativos socialmente tolerables. Pero, contrariamente a como se dice desde la Administración y desde los sectores empresariales e, incluso, sindicales, el único camino para alcanzar este objetivo no es incrementar la producción convencional, como se señala, exactamente un ritmo del 5% anual. Esto, como se ha comprobado, particularmente en los últimos años, tiene escasa utilidad, sobre todo, por causa de la relación que existe entre innovación tecnológica, crecimiento de la producción y tasas de paro. Por el contrario, este modelo está provocando graves deterioros en el medio ambiente y una intolerable profundización en las desigualdades sociales, esto es, está tornando cada vez más insostenible nuestro modelo de desarrollo, tanto ecológica como socialmente.

Resulta imprescindible, por tanto, que desde el Sector Público se induzcan cambios en los hábitos de los agentes sociales en las direcciones ya apuntadas, es decir, por un lado, la generación de actividades que realmente mejoren el bienestar social, principalmente de los más desprotegidos y, por el otro, de actividades económicas que añadan verdadera sostenibilidad ambiental a nuestro modelo, incluidas las industrias ecológicas y actividades destinadas a recuperar y proteger la calidad ambiental.

Por esta razón la política contra el desempleo no ha de ser estrictamente económica, si se la quiere dotar de efectividad y sostenibilidad, dado el carácter multifacético del problema, sino que también ha de contener aspectos sociales, educativos, etc. En síntesis, contra la precarización y la exclusión social resultan inadecuados e insuficientes los esfuerzos individuales limitados al ámbito local, sino que es precisa la acción colectiva, multifacética y global, desde la reflexión y la acción convergente de todos aquéllos que quieren transformar la sociedad en la dirección del bienestar social colectivo.

Notas

José Manuel Castillo López es Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. Está encargado de la docencia de la asignatura Economía Política y Hacienda Pública, perteneciente al 2º curso de la Licenciatura de Derecho y de Economía del Sector Público Español, incluida en el 3º curso de la Licenciatura en Economía. Sus principales investigaciones se pueden incluir en Hacienda Pública Aplicada, señaladamente, en Economía Oculta y en Instrumentos económico-financieros destinados a la protección ambiental. Junto a un buen número de conferencias, cursos, congresos, artículos en revistas nacionales y extranjeras y otros cuatro libros, sus principales investigaciones son El fraude fiscal en España y la Reforma fiscal ecológica, publicados ambos en la Editorial Comares.

1. Trabajador adaptado a la producción en cadena y al consumo de grandes series, es decir, trabajador productor y consumidor en masa, lejos, por consiguiente, del prototipo dickensiano.

2. La información utilizada ha sido obtenida mediante el contraste de las diversas estadísticas disponibles y para averiguar los aspectos cualitativos del fenómeno hemos desarrollado una encuesta a lo largo de toda Andalucía. Como los agentes implicados en el trabajo irregular (empresarios y trabajadores) difícilmente están dispuestos a colaborar en una investigación de este tipo, dada su situación de ilegalidad, utilizamos la técnica de realización de encuestas a expertos en el mercado de trabajo andaluz (inspectores de trabajo, sindicalistas, asesores laborales, representantes empresariales, profesores de universidad de Derecho del Trabajo), que son conocedores de la regulación laboral estatal y de la importancia, causas y consecuencias de los mecanismos de fraude más difundidos. En general, la disposición a colaborar en la investigación fue aceptable, en todo caso, se anularon algunas encuestas ya que, a mi juicio, las respuestas obtenidas no resultaban fiables (Castillo 1996).- La información facilitada, bien depurada, no puede utilizarse para la obtención de cifras exactas sobre el fenómeno del trabajo irregular, pero si de los aspectos cualitativos y de las formas de operar, causas, consecuencias y, en su caso, políticas eficaces. Además, este estudio se ha comparado con otros realizados en 1985 por el Ministerio de Trabajo y otro en 1993 por la Fundación FOESSA.

3. En particular, desde la Administración y otros medios se trata de resolver semánticamente, más bien enmascarar, el conflicto existente entre el modelo de desarrollo económico vigente y la calidad ambiental, simplemente mediante la utilización de expresiones como crecimiento o desarrollo sostenibles o sustentables, con los que al parecer se consigue restaurar la armonía social y, por consiguiente, todo el mundo queda satisfecho, pero, en realidad, se orilla el problema fundamental, tal es el de los límites del crecimiento, sobre todo, los del modelo económico vigente. Ni siquiera el crecimiento cero de este modelo constituye hoy una alternativa deseable colectivamente, puesto que no resolvería, en sentido estricto, los problemas medioambientales actuales y, por el contrario, agudizaría los sociales.- La inclusión de las variables medioambientales en los análisis sociales provoca que los calificativos de sostenible o sustentable aplicados a crecimiento y desarrollo carecen de virtualidad. Debería bastar con emplear el sustantivo desarrollo. Porque éste o significa verdadero progreso humano o delata que nos estamos moviendo en arenas movedizas. El desarrollo de la actividad económica tiene que significar que está sirviendo de forma satisfactoria para atender las necesidades presentes de los ciudadanos, ahora bien, sin comprometer o poner en peligro las de las generaciones futuras.

4. Señaladamente, que los excedentes empresariales de explotación no se destinen a la implementación de nuevas tecnologías ahorradoras de trabajo.

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