El derecho constitucional a la igualdad de tratamiento jurídico en el empleo público : (un estudio de los problemas jurídicos derivados de la dualidad de regímenes...)

Abstract

La tesis puede resumirse en las siguientes propuestas y conclusiones: 1) entre el funcionario publico y una administración publica pueden desarrollarse, paralela y sincronizadamente, dos relaciones jurídicas diferentes: la relación de empleo público administrativa-funcionarial o relación de servicio y la relación orgánica; 2) el mismo trabajo humano realizado para las administraciones publicas se regula mediante dos relaciones jurídico-positivas diferentes: la relación jurídica administrativa-funcionarial y la relación jurídica laboral, lo que, necesariamente, conlleva discriminación jurídica para uno de los dos colectivos de trabajadores públicos; 3) la desigualdad de tratamiento jurídico en el empleo publico esta vedada por la constitución; 4) la doctrina del tribunal constitucional referente a la igualdad en el empleo publico sigue la tradición jurídica de separación de regímenes jurídico-positivos; 5) el articulo 35 de la constitución es el fundamento jurídico-positivo máximo de todo trabajo por cuenta ajena, incluido el de los funcionarios públicos; 6) la relación orgánica ha de ser regulada por el estatuto de los funcionarios públicos previsto en el articulo 103.3 de la constitución; 7) el articulo 23.2 de la constitución es el fundamento especifico de la igualdad de tratamiento jurídico en las relaciones jurídico-individuales de empleo publico; 8) en las relaciones jurídico-individuales de empleo publico no existe un tratamiento jurídico de igualdad; 9) en las relaciones jurídico-colectivas de empleo publico se ha producido un reconocimiento normativo de los funcionarios como trabajadores por cuenta ajena; 10) la regulación de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación para los funcionarios públicos no puede afectar al contenido esencial de este derecho fundamental; 11) la negociación colectiva de los funcionarios públicos esta devaluada; 12) existe un vacío normativo en la regulación legal del derecho de huelga de los funcionarios públicos.