La defensa penal del patrimonio arqueológico

Abstract

Con esta tesis pretendemos, de una parte, llevar a cabo un análisis diferenciado del Patrimonio Arqueológico, teniendo en cuenta las especiales características que presenta desde un punto de vista normativo y criminológico. La especial naturaleza de esta clase de bienes, su fragilidad y su enorme valor científico y material los coloca muchas veces en el centro de un complejo debate jurídico que representa un verdadero reto para el estudioso del Derecho Penal. Hemos de tener en cuenta que aquellos conceptos propios o más característicos del conservacionismo cultural, en buena medida se han ido construyendo sobre el análisis de agresiones a yacimientos arqueológicos que no han podido salvarse, total o parcialmente, de la actuación delictiva. Profundizar en su estudio puede proporcionarnos, al margen de la mejor comprensión del problema, nuevos elementos de juicio que nos permitan delimitar con mayor autoridad científica algunas líneas esenciales de este pequeño pero sustancial apartado que relaciona la ciencia penal con la protección material de la cultura. La valoración de la arqueología en su relación con la tutela indirecta del Patrimonio Histórico a través de varias tipologías dispersas por el articulado del Código Penal, pone de manifiesta una incoherencia interna que encontraría su origen en la persistencia de bienes jurídicos que asocian el Patrimonio Histórico a fórmulas tradicionales de protección de la propiedad privada y no a los valores colectivos y de interés general que derivan de la lectura constitucional de los bienes culturales. La discusión sobre la oportunidad de crear algunas nuevas tipologías completa el análisis anterior y evidencia la complejidad de un problema que presenta signos cada vez más preocupantes en la evolución de la criminalidad. Por último, el compromiso real del Estado, más allá de la mera declaración de intenciones, en la protección de los yacimientos arqueológicos presenta graves carencias demostradas por la tardía e incompleta ratificación de algunas convenciones internacionales. No cabe duda que estas decisiones, impropias de un país como España que encuentra en su Patrimonio Histórico una de sus primeras fuentes de ingreso y que podría desarrollar, como una sabia decisión estratégica de futuro, la llamada Economía de la Cultura; complican la exigencia de responsabilidad penal de autoridades y funcionarios públicos como autores, en asuntos de una especial gravedad, de distintas formas de prevaricación especial al dictar resoluciones que permiten la destrucción o el tratamiento completamente inapropiado de restos arqueológicos de incalculable valor. No cabe duda que el conservacionismo cultural se vincula tanto con derecho como con la geografía. Las fórmulas de coordinación institucional apenas son conocidas en el ámbito penal y su estudio e incidencia en la exégesis de los preceptos penales requiere un apartado específico que recuerde el valor del yacimiento arqueológico como suelo o espacio abierto, relacionado con el paisaje y que precisa de una singular protección jurídica. Una visión global de la riqueza arqueológica debe incidir en un reto tan importante para el jurista como el de la regulación y protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. La búsqueda de soluciones para que esta singular e incalculable riqueza pueda ser protegida no solo por convenciones internacionales o recuperada conforme a procedimientos de derecho privado, comporta la intervención, siempre limitada, de un derecho penal que se enfrente al problema de la delincuencia transnacional y la territorialidad Nuevos fenómenos sociales, a nivel nacional e internacional completan nuestro estudio; desde el costoso vandalismo urbano y la respuesta proporcionada que deba ofrecer el derecho penal para su completa erradicación, hasta la destrucción de grandes conjuntos monumentales en las llamadas guerras de identidad que tienen lugar en nuestros días y que nos recuerdan la fragilidad de cualquier civilización y la necesidad de comprender adecuadamente aquello que realmente protegemos cuando perseguimos la destrucción de bienes culturales, así como las razones que exigen esa protección como un imperativo inaplazable del Estado de Derecho.